El aeropuerto de Ciudad Real prometió al Gobierno confidencialidad con su plan de acogida de ilegales

La empresa que gestiona el aeropuerto de Ciudad Real acordó con el Gobierno de Pedro Sánchez «confidencialidad» en las gestiones relacionadas con el plan de integrar inmigrantes en sus instalaciones. Aunque por el momento, el Ejecutivo niega que la decisión de trasladar ilegales a este recinto estuviese tomada, la propia compañía que gestiona el aeropuerto trasladó a las instituciones de Castilla-La Macha el acuerdo al que llegó con el Gobierno, con el que se comprometió a no trasladar a las autoridades castellanomanchegas los avances en materia de contratación y adecuación de los espacios para la integración de estos inmigrantes.

«El mismo lunes, cuando conocíamos la noticia, nos pusimos en contacto con la propiedad a distintos niveles, tanto con la propiedad del aeropuerto como con la gerencia. Ese día se nos puso sobre la mesa el acuerdo de confidencialidad, por el cual la empresa había dado la palabra de la confidencialidad al Gobierno de España, por el que no nos podía trasladar nada al respecto», ha afirmado la consejera de economía de la región, Patricia Franco. Ante las múltiples informaciones que se han ido conociendo, desde el Ejecutivo del socialista Emiliano García Page han exigido al Gobierno se comunicase a las autoridades autonómicas competentes. «Hasta ahora eso no ha ocurrido», agregan.

En plena polémica por el traslado de inmigrantes la ciudad, el aeropuerto de Ciudad Real se ha dirigido al Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos gestionado por la Diputación provincial para solicitar presupuesto de cara a lo que denomina un «proyecto grande», que consistiría en conseguir ocho contenedores de residuos orgánicos, seis más azules y otros seis amarillos en sus instalaciones. En una misiva firmada por el responsable de Administración de Ciudad Real International Airport (CRIA), se especifica que esta petición sería «para empezar en unas dos o tres semanas como mucho».

Fuentes cercanas a las organizaciones sociales de Ciudad Real apuntan además que se ha solicitado servicio de seguridad privada y de mantenimiento, llegando a pedir centenares de trabajadores como personal para hacer frente a la demanda. Tras conocerse la noticia de las intenciones ministeriales, dirigentes políticos a nivel local y provincial, como el alcalde de Ciudad Real, Paco Cañizares; o el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, han llegado a sugerir que en el entorno del aeropuerto ya se han realizado movimientos de tierras e incluso que se está gestionando la compra de barracones.

Empresarios y ONGs se oponen

El presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, José Luis Ruiz, ha pedido a los empresarios de la provincia que no presten servicios al aeropuerto de Ciudad Real para contribuir a la construcción del Centro de Acogida de Migrantes que el Gobierno plantea instalar en las instalaciones aeroportuarios. Ruiz ha señalado que «muchos empresarios» le han trasladado su preocupación por este proyecto, a la vez que ha indicado que a otros muchos el propio aeropuerto les ha pedido presupuesto para prestar servicios en la instalación ante la inminente construcción de este centro.

«Si fuera yo, a título personal y como empresario, no lo haría», ha subrayado el presidente de la Cámara de Comercio. «Primero, por principios, y segundo porque no me parece ético lo que se plantea allí hacer», ha añadido Ruiz. Por todo ello, ha mostrado su apoyo como institución empresarial a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Ciudad Real en su lucha contra la implantación de este centro.

Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado quiere manifestar su enorme preocupación por los planes conocidos por varias fuentes públicas, y confirmados parcialmente por la titular de la Secretaría de Estado de migraciones, para utilizar instalaciones, como el propio Aeropuerto de Ciudad Real, como espacio para agrupar a personas migrantes procedentes de reubicaciones desde Canarias.

A tal efecto la Red quiere trasladar como el modelo aplicado por la Secretaría de Estado ya está siendo investigado por la justicia , en particular, en el procedimiento de vulneración de derechos fundamentales que fue incoado por la Red Española de Inmigración y al que se adhirió en sus conclusiones la Fiscalía, al entender que el sistema que provoca una salida masiva sin control ni derivación a otros recursos, solo provoca una situación de enorme vulneración de derechos de las personas usuarias de dicho sistema, en el que además, se dan enormes privaciones de derechos que no pueden limitarse, como es el caso de la libertad de movilidad y otros espacios.