Acusan a Ada Colau de que su Guardia Urbana es racista con los manteros

SOS Racisme ha reclamado este martes al gobierno municipal liderado por Ada Colau que implemente cambios en la Guardia Urbana de Barcelona tras contabilizar 44 casos de actuaciones racistas contra manteros entre 2010 y 2016 en el Servicio de atención y denuncia de la entidad, que ofrece atención a personas víctimas de racismo.

La directora de SOS Racisme, Alba Cuevas, ha explicado que en las actuaciones contra el ‘top manta’ se dan «situaciones de vulneración de derechos humanos que responden a un racismo institucionalizado que se sirve de un sistema que hacen que sean posibles».

Ha lamentado el «coctel peligroso para los derechos humanos» que supone la combinación de las actuaciones de la policía, el Código Penal y la Ley de extranjería, ya que las personas que se dedican a la venta ambulante tienen una alta vulnerabilidad.

Ha indicado que la gestión policial de la Urbana depende del Ayuntamiento por lo que les piden que identifiquen el problema del racismo y hagan lo posible para que cese, detectando las prácticas abusivas, investigándolas y expulsando a los responsables.

A medio y largo plazo piden también que se incluya la sensibilización y la formación en el cuerpo policial, además de modificar el sistema sancionador para ser más estrictos con estas prácticas.

Para trasladarle estas peticiones, desde SOS Racisme ya se han reunido con el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens —el primer gobierno municipal con el que se sientan, han destacado— que les ha explicado que la prioridad no es el vendedor individual sino las redes de venta ambulante. «Echamos en falta una mirada global y la priorización del tema», ha reclamado Cuevas, que ha pedido analizar el problema teniendo en cuenta que la existencia de actuaciones policiales abusivas, en sus palabras.

Según SOS Racisme, a los vendedores se les suele acusar de delitos contra la propiedad industrial, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones a terceros, en muchas ocasiones solicitando penas de cárcel.

Han detectado que los agentes de la Urbana actúan realizando intervenciones de perfil étnico, situaciones de detención ilegal, atestados policiales para justificar una actuación policial y que la denuncia penal prevalece sobre la sanción administrativa.

El vendedor ‘Manel’

Para ilustrar las situaciones de vulneración de derechos, la coordinadora del Siad, Alicia Rodríguez, ha expuesto el caso de ‘Manel’ —un nombre ficticio— un vendedor ambulante senegalés que lleva 12 años viviendo en Cataluña, con permiso de residencia, al que le asesoran en cuatro procesos judiciales.

Desde este servicio le llevan la defensa legal en cuatro casos por acusaciones de venta ambulante y lesiones en los que según ella se han producido irregularidades: no se le detuvo en el momento y se le acusó solamente en base a una identificación por fotografías, además de que se le atribuyeron delitos falsamente, según Rodríguez.

De estos casos, en una ocasión se ha conseguido su absolución de una petición de cuatro años de prisión, en otro ha sido condenado a una multa de 180 euros y en otros dos se ha solicitado en archivo y la decisión está pendiente.

La abogada del Siad Lorena Antón ha explicado, respecto a los casos que llevan, que constatan que los jueces se creen mucho más la versión policial que la del vendedor, que no se cuestionan los atestados policiales y que la actuación de la Fiscalía se centra en defender los intereses de las grandes marcas.