Acuerdo Sánchez-eléctricas para mitigar el ‘sablazo’ del decreto confiscatorio
Sánchez dará un hachazo de 3.200 millones a Iberdrola, Naturgy, Endesa y Acciona para abaratar la luz
Las claves del pacto Sánchez-eléctricas: menos golpe fiscal por el gas y el CO2
Las eléctricas europeas critican las medidas «miopes» de Sánchez para frenar el alza de la luz
El gran sablazo a las eléctricas por los “beneficios extraordinarios”, como los calificó Pedro Sánchez, será finalmente mitigado. Así lo han pactado in extremis las compañías y el Gobierno porque Sánchez sabía, desde el primer momento, que su norma contaba con serios visos de ser torpedeada judicialmente. Ni los castigos a los contratos de gas a precio fijo cerrados con anterioridad, ni la penalización recogida en la reforma en materia de minoración de ingresos por el CO2 se mantendrán tal y como los aprobó el Consejo de Ministros. Un alivio que las empresas buscaban para normalizar la reforma anunciada a bombo y platillo y que tanto celebró Podemos.
El gran temor de Pedro Sánchez, que las empresas eléctricas pudieran desestabilizar su Gabinete por culpa de las medidas contra la subida del precio de la luz y el gas, ha quedado zanjado este miércoles con el acuerdo que han alcanzado la vicepresidenta Teresa Ribera y el consejero delegado de Iberdrola, a cuyo texto ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO.
El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, se había manifestado radicalmente en contra de la propuesta que aprobó el Consejo de Ministros y que debe convalidar este jueves el Congreso, al considerarlo de un «intervencionismo terrorífico». Además, señaló que la compañía se iba replantear toda su política de inversiones en España debido al castigo fiscal regulado por Sánchez: un castigo que, básicamente, hacía que el gran sacrificio para reducir algo el recibo de la luz, fuese el efectuado por las compañías y no por el Estado. Con el apretón de manos de este miércoles todos parecen haber relajado sus posturas.
Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo ha acordado que «la minoración prevista en el RDL 17/2021 por el precio del gas no afecte a aquellos clientes con contratos a precios fijos». El Gobierno había topado el precio del gas en la subasta marginalista, para que a partir de cierto precio no pudiera continuar subiendo.
Cada vez que ese precio estándar se superara, lo cierto es que las energéticas tenían que seguir generando electricidad, pero asumiendo unos costes que no podían trasladar al precio final. Todo un golpe fiscal. Pues bien, ahora, para los contratos a precio fijo esa penalización desaparece.
Ingresos de CO2
También se ha alcanzado un pacto para minorar un segundo castigo a las eléctricas: «Se ha trasladado la necesidad de que la minoración de ingresos de CO2, contemplado en el Anteproyecto de Ley que se tramita en el Parlamento, sea modificada». Con este punto se pretende limitar el impacto en las energéticas de la subida del precio de los derechos de emisión y reducir, además, el daño producido por la eliminación del pago a las energías no emisoras de CO2 por no contaminar.
Además de estos dos puntos, Ribera y los representantes de las eléctricas también han llegado a la conclusión de que las decisiones que se vayan adoptando como las del Real Decreto Ley 17/2021 deben «confirmar el horizonte temporal» con un «carácter transitorio». Y también se conjuran para «impulsar las medidas necesarias para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno».
Y es que uno de los temores del Gobierno es que en los próximos meses España pueda sufrir cortes del servicio como consecuencia del cierre del gasoducto que pasa por Marruecos. Ese corte del tubo de gas, Argelia lo tiene previsto para el 31 de octubre.
Hace unos días el ministro de Exteriores José Manuel Albares viajó a Argel para tratar el asunto. Aunque en sede parlamentaria aseguró que no se debía padecer por la falta de esta energía, la realidad es bien distinta, ya que España depende del gas argelino, suministrando el 45% de la demanda española.
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