El abogado de Puigdemont reconoce en público que está tratando de dilatar la retirada de la inmunidad

Gonzalo Boye, el abogado del ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha reconocido este viernes, a través de un tuit que él mismo ha escrito, que está tratando de dilatar la retirada de la inmunidad tanto del ex presidente como de los ex consellers Clara Ponsatí y Toni Comín, todos ellos fugados de la Justicia española por su vinculación con el procés.

Así, al preguntarse quién es la persona o personas que son fuentes de este medio, el abogado confirma todo lo dicho por OKDIARIO. ¿Y qué es lo dicho? Pues que el abogado de los tres fugados está «utilizando el filibusterismo procesal» para evitar que les sea retirada la inmunidad. ¿Y cómo lo hace? Enviando cientos de documentos escritos en castellano y catalán al correo electrónico de los eurodiputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), la que está tramitando quitarles la inmunidad.

El abogado está inundando a los eurodiputados de JURI porque sabe que los idiomas oficiales del Europarlamente son el inglés y el francés, y ningún papel enviado por él está en esos idiomas. Debe ser el ponente de la resolución adoptada por la comisión, el búlgaro Angel Dzhamnazki, la persona que decida qué parte de esos documentos son relevantes y, por tanto han de ser traducidos.

Pero Boye, plenamente conocedor de que Dzhamnazki ni habla, ni entiende el castellano, y mucho menos el catalán, lo más probable es que mande traducir todo lo entregado por la defensa de los eurodiputados. De ser así, sería imposible que el próximo día 7 de diciembre Puigdemont, Ponsatí y Comín declaren ante la Comisión JURI.

Motivos

Teniendo en cuenta que en la anterior legislatura, de las 55 peticiones de retirada de inmunidad, sólo cinco se mantuvieron debido a que el Europarlamento apoyó la libertad de expresión de los políticos, Gonzalo Boye está tratando de dilatar lo máximo posible esa retirada, que según las fuentes del Europarlamento consultadas es prácticamente segura.

Boye, dicen las fuentes, quiere tratar de que se solapen la decisión de la Eurocámara con la entrada en el Tribunal de Derechos Humanos del recurso de los condenados en España: Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat; los ex consellers Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, el ex presidente de ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa.

TEDH e independentismo

Como ha ido explicando OKDIARIO en las últimas semanas, si Bruselas retira la inmunidad a los tres fugados de la Justicia española, esa decisión tendría tres vertientes que afectarían, y mucho, no sólo a los implicados sino al resto de condenados y a la política catalana en sí.

La primera es que, si la Eurocámara retira el parapeto de la inmunidad, la posible extradición de Puigdemont y Comín sería mucho más sencilla de lo que lo es actualmente. Ponsatí es otro cantar, pues su situación se dirime con un juzgado británico. En su día, un tribunal belga negó dicha extradición basándose en un “defecto de forma” que, posteriormente, fue subsanado por el Tribunal Supremo, por lo que, si se les retira la inmunidad, jurídicamente no habría cortapisas para dictar la extradición.

En este sentido, como ya explicó OKDIARIO, «la sedición sí está contemplada en el resto de los países, lo que ocurre es que el nomen iuris cambia». Es decir, que el delito tiene otro nombre jurídico, pero la definición del delito es la misma, por lo que, «si los hechos son punibles, al margen de la calificación jurídica, la Justicia belga debe entregar a los tres fugados».

La segunda y tercera versarían sobre el propio discurso que los tres políticos utilizan para evitar perder la inmunidad. Estos argumentos son, principalmente, que se han visto sometidos a un «juicio político» y a la «persecución por sus ideas» por parte del Gobierno español.

Si la Eurocámara, finalmente, terminara votando en contra y retirando la inmunidad, de un solo plumazo se ‘cargaría’ no sólo el discurso utilizado por el independentismo catalán desde hace años: “España es mala”, sino que, además, pondría en la picota la base jurídica del recurso de cara al Tribunal Europeo de Derecho Humanos que preparan los condenados por el procés.