La abogada del Estado que introdujo la malversación en el ‘procés’ lidera la demanda a Sánchez por el agua

• Paula Baena @paulabaena26
• Periodismo y Derecho. Redactora de Nacional en OKDIARIO. Política de Madrid. Email: paula.baena@okdiario.com
• • 30/11/2023 06:45
  • Actualizado: 01/12/2023 02:31

Carmen Tejera, la abogada del Estado que fue una de las peritos que defendió la comisión del delito de malversación cometido por los líderes independentistas durante el juicio del procés, es quien está detrás de la demanda que ha presentado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Supremo por el nuevo Plan Hidrológico del Tajo de Pedro Sánchez.

Después de 15 años como la abogada del Estado jefe del Ministerio de Economía y Hacienda, Tejera fue cesada en marzo de 2020 y ahora, en excedencia, es la directora de la Secretaría General Técnica del Canal de Isabel II, la empresa pública encargada del agua en la región capitalina que no está dispuesta a que Sánchez «vuelva a atacar a Madrid poniendo en riesgo el abastecimiento de agua» a sus 7 millones de habitantes.

Así, Tejera, que además de la jefatura de la abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda, también ha ocupado ese puesto en la Secretaría de Estado de Economía y otros puestos en abogacías del Estado como ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el Ministerio de Sanidad, en el Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), en la Delegación del Gobierno en Madrid o en el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, ha sido la responsable de la demanda que el Canal de Isabel II ha presentado después de que el Gobierno de Sánchez haya cambiado «radicalmente las reglas del juego» sobre al agua con el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero de 2023, en el que se aprueba el nuevo Plan Hidrológico del Tajo.

Juicio del procés

Carmen Tejera fue la jefa del grupo de trabajo creado por el Ministerio de Hacienda liderado por Cristóbal Montoro encargado de analizar el uso de fondos públicos del Gobierno catalán, junto a Sara Izquierdo y Teresa Hernández, quienes realizaron el informe sobre «determinación de fondos públicos destinados a la organización, preparación, logística, financiación y ejecución del referéndum».

Después de 15 años en el cargo, fue cesada en marzo de 2020, algo que desató las críticas desde el PP y Vox. El entonces Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Mario Garcés, criticó el cese, que calificó como «el primer pago» de la mesa de negociación de Sánchez con los independentistas. Unas críticas a las que también se unió la entonces diputada de Vox Macarena Olona: «Cesada después de 17 años por la Abogacía General del Estado que se ha plegado a las rendiciones del Gobierno. Cuanta indecencia».