Abascal pide suspender la autonomía porque la Generalitat «desobedece» al Supremo con el castellano
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Santiago Abascal no se anda con rodeos y ha pedido la suspensión de la autonomía en Cataluña porque la Generalitat «desobedece» al Tribunal Supremo al no cumplir la obligación de impartir el 25% de las horas lectivas en castellano.
El presidente de Vox ha reaccionado así a un nuevo desafío de los independentistas, que se encuentran inmersos en la negociación de los Presupuestos con Pedro Sánchez, y a través de sus redes ha dicho que «todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua común y el derecho a recibir educación en español».
Todos los españoles tienen el derecho y el deber de conocer la lengua común y el derecho a recibir educación en español.
Los traidores de la Generalidad, una vez más, desobedecen al Tribunal Supremo. Sólo cabe suspender la autonomía y desarticular a la banda de la Generalidad. pic.twitter.com/mOqNmrfCPD
— Santiago Abascal ?? (@Santi_ABASCAL) November 23, 2021
Por su parte, el eurodiputado y el vicepresidente primero de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha señalado que la obligación del castellano que estima el Supremo «no es suficiente». «Es innegociable garantizar estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional. Soberanía», ha apuntado.
El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del TSJC que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25 % de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme.
La sentencia del TSJC fue histórica porque por primera vez un tribunal catalán reconocía que el uso del castellano en las escuelas de Cataluña era «residual», y obligaba a ofrecer una cuarta parte de las clases en castellano, lo que conllevaba que los padres no se vieran obligados a solicitarlo en los diferentes colegios.
El Supremo consagra ahora este porcentaje de clases en castellano y acaba así con años de discriminación del idioma oficial y vulneración de los derechos fundamentales de los españoles que residen en la Comunidad autónoma de Cataluña.
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