Moncloa dice que exhumar a Franco y las 34.000 víctimas del Valle de los Caídos saldrá gratis

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que el proyecto de ley para la exhumación de Franco e identificación de las 33.847 víctimas inhumadas en el Valle de los Caídos no tendrá ningún efecto en los Presupuestos. Así lo indica el Ejecutivo socialista en la «Memoria del análisis del impacto normativo» que acompaña al texto y a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, este documento elaborado por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad y por el Ministerio de Justicia, con fecha del pasado 24 de agosto y sello de la Secretaría del Consejo de Ministros, concluye que «el presente real decreto-ley no tiene impacto presupuestario». «La norma proyectada no implicará la necesidad de incrementar las dotaciones, ni las retribuciones u otros costes de personal al servicio del sector público, pues se considera que los medios existentes en la actualidad serán suficientes para llevar a cabo las actuaciones previstas», sentencian los departamentos de Carmen Calvo y Dolores Delgado.

De esta manera, Moncloa sostiene que este proceso saldrá gratis para las arcas públicas, algo que choca frontalmente con la previsión que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy para vetar el pasado marzo en el Congreso la proposición de ley del PSOE para la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Los populares recurrieron a la cláusula constitucional que otorga al Ejecutivo tal facultad para impedir la tramitación de una iniciativa que suponga incrementos en el gasto o reducciones en los ingresos.

Este veto se basó en un informe del Ministerio de Justicia, entonces dirigió por Rafael Catalá, según el cual todos los trabajos relativos a las exhumaciones del Valle de los Caídos que planteaba la proposición del PSOE ascenderían como mínimo a 77,7 millones de euros. Por un lado, las actuaciones arquitectónicas en las criptas, con las oportunas medidas de protección, la habilitación de un laboratorio en el antiguo restaurante de Veracruz, la manipulación de los restos por parte de personal especializado en servicios funerarios, el coste de personal y los féretros sumarían 57,4 millones de euros. Y a esta cifra hay que añadir los 20,3 millones que costarían las pruebas de ADN de identificación de restos óseos (600 euros cada muestra post mortem para las cerca de 34.000 víctimas).

Sólo las pruebas de ADN de identificación de los restos óseos de los inhumados costarían 20,3 millones a las arcas públicas

Y es que el real decreto (tramitado ahora mismo en las Cortes como proyecto de ley) aprobado por el Gobierno de Sánchez para reformar la Ley de Memoria Histórica plantea las mismas actuaciones que la iniciativa socialista en lo referente a las exhumaciones del Valle de los Caídos. El texto del real decreto, redactado ‘ad hoc’ para sacar al dictador Francisco Franco de este enclave, tiene como objetivo «establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil y, en consecuencia, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las caídas durante la Guerra».

Y es que los casi 34.000 inhumados en este lugar no son todos víctimas de la Guerra Civil. Según el informe que elaboró la Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, de estos restos inhumados, 21.423 registros son de víctimas identificadas, mientras que 12.410 son personas desconocidas, de acuerdo con la documentación que consta en Patrimonio Nacional. Pero estos registros tendrían que ser analizados y verificados con nuevas pruebas en dichos futuros trabajos de exhumación.

«Trabajo forzado»

Por su parte, Unidos Podemos, socios del Gobierno de Sánchez, distinguen tres grupos de restos inhumados a la hora de exigir su identificación. En primer lugar, aluden a quienes «fueron represaliados de la dictadura franquista y trasladados, sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares, de las fosas comunes en donde se hallaban (se estima que podrían llegar a ser unos 12.000)».

En segundo lugar, hablan de los «denominados ‘caídos’ durante la Guerra Civil», que, según el real-decreto del Ejecutivo socialista son los únicos que pueden permanecer en el Valle, incluido el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera. Y en tercer lugar, el partido de Pablo Iglesias menciona «quienes murieron en la construcción del Valle de Cuelgamuros durante las jornadas de trabajo forzado».

Se da la circunstancia de que esos casi 78 millones de euros equivalen a triplicar los 25 millones para ayudas de comedor escolar a familias desfavorecidas que figuran en el acuerdo presupuestario para 2019 alcanzado entre el Gobierno del PSOE y el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.