El PP condenado a pagar 245.000 euros como responsable a título lucrativo en la primera época de Gürtel

El PP condenado por la Gurtel
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El Partido Popular ha sido condenado como responsable civil a título lucrativo a 245.000 euros por beneficiarse de la trama corrupta de la red Gürtel en los Ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

El tribunal concluye que el PP debe ser condenado como partícipe a título lucrativo por los actos electorales que sufragaron las empresas del grupo Correa en las localidades madrileñas de Majadahonda y Pozuelo cuando Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda eran candidatos a esas alcaldías.

La Sala explica que concurren todos los requisitos del responsable a título lucrativo, en tanto que los actos delictivos descritos en la sentencia, “produjeron beneficios económicos cuantificables al Partido Popular, consistentes en la financiación ilegal de actividades y diversos actos políticos realizados en campañas y precampañas electorales para sus candidatos, que de otra manera hubieran tenido que ser sufragados directamente con recursos económicos propios del partido político en cuestión”.

La formación política deberá abonar 133.628,48 euros por los actos llevados a cabo en Majadahonda y 111.864,32 euros por los de Pozuelo, al haberse constatado que se produjo un enriquecimiento ilícito en perjuicio de los intereses del Estado, generándose una obligación civil de devolución. Lo abonarán de modo directo y solidario con los condenados Guillermo Ortega, José Luis Peñas, Juan José Moreno, Mari Carmen Rodríguez Quijano, Francisco Correa, Pablo Crespo (por los gastos de Majadahonda) y Jesús Sepúlveda (por los de Pozuelo).

El tribunal explica que es el PP nacional y no su grupo municipal el que debe responder. “Por tanto, la persona, en este caso jurídica, conocedor del destino de los fondos recibidos y beneficiada de la actividad ilícita desarrollada por Francisco Correa fue el Partido Popular no el grupo municipal, grupo municipal que según declaró ante el Tribunal el testigo Pío García Escudero en campaña electoral está vacío de contenido dado que hay una serie de candidatos que aspiran a ser alcaldes y concejales; el testigo Ricardo Romero de Tejada lo confirmó ante el Tribunal: “era el Partido Popular quien debía sufragar los gastos y no el grupo municipal”.

Por tanto, es el Partido Popular, dice la sentencia, quien ostenta un único NIF en el tráfico jurídico y quien resulta obligado al resarcimiento del daño.

Del mismo modo, la Sala condena a Gema Matamoros, esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega a devolver 45.066,66 euros por participar a título lucrativo de los viajes y regalos con los que la trama Correa obsequió al matrimonio.

Los “colaboradores” de la trama

La sentencia distingue entre los miembros de la trama Correa, a los que condena por asociación ilícita (salvo los ya condenados en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso Fitur) y los colaboradores externos, que desempeñaban sus funciones en el ámbito de la Administración.

Entre estos últimos, el tribunal describe el papel llevado a cabo en Estepona por el gerente de la Sociedad Municipal de Turismo, Ricardo Galeote en los contratos a las empresas de Correa; la Sala relata el papel ejercido por el diputado por Segovia, Jesús Merino dentro del apartado de Castilla y León.

En el municipio madrileño de Pozuelo, el tribunal describe las actuaciones ilícitas ejecutadas por el ex alcalde Jesús Sepúlveda. En la Comunidad de Madrid, la sentencia detalla los actos llevados a cabo por el ex director general de Inmigración, Carlos Clemente.

Los magistrados destacan la operativa ilícita desarrollada por el entonces alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega y el ex consejero madrileño Alberto López Viejo a quienes incluye dentro de la organización criminal del Grupo correa, resultando también condenados por asociación ilícita. Todos ellos, aprovechándose de sus competencias dentro de la Administración convenían con Francisco Correa para procurarse ilícitamente un mutuo beneficio.

Los responsables políticos, explica la sentencia, “ejercían su capacidad de influencia o imponían mediante la presión que les permitía el abuso de las funciones propias de su cargo, las directrices idóneas para orientar la oferta y las condiciones de los contratos a las conveniencias de la empresa del grupo”.

Los jueces destacan la influencia que tenían Luis Bárcenas y Jesús Merino sobre otros cargos del PP y de la que se aprovecharon Francisco correa y su número dos, Pablo Crespo para conseguir adjudicaciones públicas a favor de sus empresas.

La sentencia describe un mecanismo similar en la contratación con las administraciones públicas, con adjudicaciones que vulneraban la normativa administrativa, obteniendo así un lucro personal ilícito para las empresas de Correa y para los funcionarios o cargos que desde dentro de la Administración participaban en esa irregularidad.

Las comisiones que se devengaron por las operaciones enumeradas no solo se abonaban en metálico. La sentencia detalla múltiples viajes y otros servicios organizados por la agencia Pasadena Viajes, regalos de coches, relojes, o eventos familiares en algún caso. Las comisiones se maquillaban mediante la emisión de facturas ficticias o por importes superiores. Por ejemplo, a Sepúlveda, la agencia Pasadena viajes le sufragó en viajes y servicios turísticos de la familia 50.332 euros. Y 4.500 euros de eventos familiares.

Otro ejemplo es el de Alberto López Viejo, de quien la sentencia considera que cobraba un diez por ciento de cada acto que organizaba con la trama de Correa, entre 2004 y 2008, con comisiones en metálico y en especie. Las cantidades se incluían como coste a la Comunidad de Madrid y se pagaban con cargo a sus arcas públicas.

Respecto a López Viejo se ha calculado que pudo devengar en concepto de comisiones en metálico 282.302 euros por 348 actos que organizó en la CAM. A esta cantidad se deben añadir otros 166.567 euros de comisiones en relación con otros 38 actos que organizó con otra de las condenadas, Isabel Jordan, a partir de 2007, cuando ésta se independizó de las empresas de Correa. Así, en total, las comisiones devengadas alcanzan la cifra de 448.870 euros.

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