El Juzgado trece de Barcelona investigará las denuncias sobre el uso de datos personales en el censo del 1-O

El Juzgado de Instrucción número trece de Barcelona, que investiga la organización del referéndum independentista del pasado 1 de octubre, conocido como el 1-O, ha abierto una pieza separada de este procedimiento para tramitar todas las denuncias sobre la utilización de datos personales sin autorización para la elaboración del censo electoral de esa consulta.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado esta medida después de que cuatro juzgados de Cataluña, así como la Fiscalía Provincial de Barcelona, se inhibieran en su favor porque recibieron denuncias de particulares.

Estas denuncias versan sobre «la utilización de sus datos (nombre, DNI y domicilio), ya sea para acceder a una página web con la finalidad de conocer el colegio electoral al que les correspondía para depositar su voto en el referéndum convocado para el 1 de octubre, ya lo sea para remitirle documento de designación como integrante de una mesa electoral para el mismo referéndum».

Las diligencias se inciaron en los juzgados números uno y diez de Barcelona, número dos de Tarragona y número ocho de Manresa, además de la Fiscalía Provincial de Barcelona, pero teniendo en cuenta que el Juzgado número trece de Barcelona ya tenía abierto un procedimiento por la organización del referéndum ilegal, se han inhibido a favor de éste.

El auto, que está firmado por Jaime Conejo, magistrado en sustitución de Juan Antonio Ramírez Sunyer mientras se resuelve el incidente de recusación de éste que presentó el ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó, ve «conveniente» hacerse cargo de estas denuncias «para simplificar y activar el procedimiento».

Pieza separada

Por eso, ordena la apertura de una «pieza separada en donde se tramitarán todas las denuncias relativas a la utilización de datos personales, sin su autorización, de quienes fueron incluidos en el censo de votantes para la celebración del referéndum, cuyo decreto de convocatoria había sido suspendido por el Tribunal Constitucional».