Vox: El sistema fiscal español desperdicia hasta 1,15 euros por cada euro que invierte
Reducir las ineficiencias del gasto público es una de las claves para poder impulsar una rebaja fiscal para particulares y empresas, según el programa de Vox.
Cada vez que el Estado español decide invertir un euro adicional para construir una carretera o prestar un servicio sanitario, por el camino desperdicia entre 40 céntimos y 1,15 euros. Esta es una de las ineficiencias más llamativas del sistema fiscal español que han sido incluidas en el documento Por una política fiscal simple, justa y eficiente que ha presentado Vox esta semana para explicar su programa económico para las elecciones del 28-A.
El cálculo de ese dato procede de un método contenido en el Informe Mirrlees sobre tributación de la riqueza, que lleva el nombre del economista escocés. Según este estudio el coste que tiene recaudar un euro adicional de impuestos se puede establecer si se calcula el llamado Coste Marginal de los Fondos Públicos (CMFP) de ese impuesto. Un cálculo que se realiza contando con los costes sociales que genera el tributo en cuestión.
En el caso de España, ese coste oscila entre 1.4 y 2.15, lo que significa que para poder disponer de un euro de gasto público efectivo es necesario recaudar entre 1,4 y 2,15 euros, lo que permite hacerse una idea de las ineficiencias que presenta el sistema.
Precisamente uno de los objetivos de los autores de ese documento de 52 páginas es poner el foco en que cada imposición tributaria tiene un coste para el contribuyente. En este contexto, los artífices del programa reclaman un mejor funcionamiento de la Administración tributaria para reducir ineficiencias y «losas» para el contribuyente.
Pese a que en su programa Vox defiende la «progresividad fiscal», acto seguido señala que ésta debe ser «modearada» para no convertirse en una «loseta infranqueable que hunda al contribuyente en la trampa del desaliento».
Según sus cálculos, la reorganización institucional del sector público y las mejoras de eficiencia, podrían permitir un ahorro estructural anual de 24.236 millones de euros. De esa cuantía unos 16.236 millones saldrían de reorganizar la Administración Central del Estado y la Seguridad Social. El resto procedería de una mejora de la eficiencia de las comunidades autónomas.
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