Las constructoras denuncian al Gobierno por competencia desleal y triplicar encargos de obras «a dedo»

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha mostrado su «preocupación» ante el abuso y la «competencia desleal» que perciben por parte de la Administración Pública. De hecho, las constructoras han pedido al Gobierno que clarifique el marco legal que regula sus medios propios porque algunos entes públicos «han triplicado los contratos de obras a dedo hasta superar los 7.000 millones», según han denunciado.

«Hay un uso reiterado y, en numerosos casos, injustificado» de los medios propios, señalan. En conversación con OKDIARIO, Mariano Sanz, secretario general de la patronal de las constructoras, ha apuntado que la adjudicación a dedo de los contratos «se ha ido de las manos»: «La facturación es una competencia absolutamente desleal».

En este sentido, Sanz destaca que, además, grandes empresas públicas como Tragsa o Ineco son beneficiadas con la adjudicación de numerosos proyectos para los que, en muchos casos, tienen que subcontratar.

Sin ir más lejos, desde la patronal apuntan que estas grandes compañías terminan abarcando proyectos como la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA, para los que necesitan recursos de los que, a priori, no disponen.

«Con los precios que están previstos en el proyecto es imposible asumirlo sin perder dinero (…) Lo que no vale es que no trabajen en las mismas condiciones que los demás. Es decir, no puede ser subcontratando. Todos sabemos subcontratar. Si tú partes de un precio mucho más alto que el mío, lógicamente vas a tener más novios que yo», destacan desde la patronal.

Medidas de control y objetividad

Por este motivo, en recientes cartas enviadas tanto a Presidencia como al Ministerio de Hacienda, las constructoras han pedido «limitar las prórrogas de los encargos o establecer un límite presupuestario máximo del 10% del presupuesto ordinario de la administración», entre otras medidas.

Asimismo, la patronal ha solicitado que los expedientes incluyan la justificación de la idoneidad del medio propio frente a la licitación, documentando «detalladamente el personal adscrito a cada encargo y su participación efectiva en la ejecución».

Todo ello, según explican, ayudaría a que dichas adjudicaciones que se están haciendo «a dedo», deban ajustarse realmente a «criterios de necesidad objetiva, proporcionalidad y eficiencia» sin provocar distorsiones en el mercado.

Además han propuesto «establecer normas específicas para los encargos por razón de urgencia o emergencia», incluyendo una declaración motivada del órgano competente, y la formalización documentada de los encargos una vez superada la situación crítica, para «garantizar su control, fiscalización y transparencia».

Las públicas copan 2 de cada 3 contratos

No es la primera vez que CNC denuncia que el abuso en la contratación de medios propios por parte de la Administración Pública. El año pasado la patronal presentó un informe que resultó un detonante para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recabara datos y solicitara una reunión con el sector de la construcción.

En el análisis de las constructoras se detallaba cómo entre 2021 y 2023 los encargos de la Administración Pública a medios propios «dispararon su importe un 142%, pero sólo a 10 entes públicos, copando dos de cada tres contratos».

Para las privadas esta tendencia «está quebrando la libre competencia empresarial y reduciendo drásticamente el número de empresas que concurren a las licitaciones», algo que a medio plazo podría llegar a frenar la actividad económica y la creación de empleo.