La última de Escrivá: propone una ley que no acaba con el acoso a los que cobran el Ingreso Mínimo

José Luis Escrivá, nuevo ministro de Transición Digital, dejó hace unos días su anterior cargo como titular del Ministerio de Seguridad Social con un nuevo golpe a los perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), promocionada por el Gobierno como la prestación estrella del llamado escudo social. Escrivá dejó redactado -lo sacó a audiencia pública para que la sociedad civil propusiera cambios el 20 de octubre- un proyecto de real decreto para modificar las leoninas condiciones impuestas a los ciudadanos que tenían que devolver los cobros indebidos de las prestaciones de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital entre ellos.

¿Cuáles son esas leoninas condiciones que sufren quienes tienen que devolver el Ingreso Mínimo si la Seguridad Social se lo reclama? Este diario publicó el 15 de octubre la terrible situación en la que se encuentran muchos ciudadanos que han cobrado la ayuda y, porque han trabajado algún mes y han superado el límite de ingresos anual, la Seguridad Social les reclama la ayuda.

Primero, hay casos en los que dejan de trabajar, se les acaba el paro, se encuentran con ingresos cero y con una carta de la Seguridad Social que tienen que devolver el ingreso mínimo vital. Segundo, el Ministerio aplica sanciones e intereses si no se paga. Y tercero, la Seguridad Social impone el calendario de pagos fraccionado y el ciudadano no puede variarlo. Si no pagan, se les aplican los intereses de demora.

Cinco días después de las quejas de los afectados en este diario, el Ministerio que ocupaba Escrivá publicó un borrador de real decreto para cambiar las condiciones de la devolución de los cobros indebidos y abrió un periodo -hasta el 14 de noviembre- para que la sociedad civil propusiera sus cambios. Pero esta primera versión no arregla nada y mantiene las condiciones leoninas para los afectados.

Sí elimina la discrecionalidad de la Seguridad Social para decidir unilateralmente sobre estas devoluciones, y sí eleva de 1 a 3 los plazos impagados para revocar a los afectados la ventaja de pagar de manera fraccionada.

Pero los afectados siguen denunciando que estos cambios son insuficientes, sobre todo porque se trata de personas vulnerables y familias al borde de la pobreza o directamente en la pobreza. Por eso, han pedido que se derogue la norma vigente que «impone que las compensaciones de perceptores del IMV puedan alcanzar al 70% de la nueva prestación, en vez de los tramos de entre el 10% y el 30% que establece la norma general. No se entiende esta norma más gravosa y este trato discriminatorio para la población más desfavorecida».

Quita del 70%

Piden también que una quita del 70% de la deuda cuando se demuestre que la familia deudora se encuentra en una situación clara de vulnerabilidad y convivan menores de edad. Además, reclaman eliminar la totalidad de la deuda si el perceptor no alcanza un nivel de ingresos en los dos años posteriores a la reclamación.

Los afectados han pedido también incluir en la norma que no se reclame la ayuda a quienes hayan notificado el cambio de su situación laboral a la Seguridad Social, algo que actualmente no sucede. Denuncian además que en estos momentos se «impone la solidaridad y la imprescriptibilidad de la deuda a todos los miembros de la unidad de convivencia, incluidos menores y adolescentes, discapacitados, ancianos vulnerables y otros colectivos de especial protección».

En definitiva, los afectados advierten de que el proyecto de ley sigue sin resolver el problema y «contribuye a situar en riesgo de exclusión a unidades de convivencia de extrema fragilidad». «No tiene en cuenta el impacto que para las personas y familias vulnerables y en situación de pobreza puede suponer el embargo de un porcentaje de su prestación, dejándoles en situación de ingresos por debajo del umbral mínimo vital», añaden.