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El nuevo impuesto de equidad intergeneracional en las pensiones, conocido como Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), representa una transformación significativa en el sistema de cotizaciones de los trabajadores. Parte de la reforma de pensiones impulsada por el Ministerio de Seguridad Social, este tributo reemplaza al Factor de Sostenibilidad de la anterior administración y busca fortalecer el sistema de pensiones, con un impacto directo en los ingresos de los trabajadores.
Cuánto sube el MEI
El MEI, concebido como una herramienta para garantizar la estabilidad del sistema de pensiones, se introduce progresivamente, con un incremento escalonado en los próximos años. Inicialmente, en el año 2023, marcó su presencia con un 0,6% de cotización, dividido en un 0,5% a cargo de las empresas y un 0,1% a los trabajadores. Para el 2024, el MEI ascenderá al 0,70%, distribuyéndose entre un 0,58% aportado por las empresas y un 0,12% por parte de los trabajadores.
Esta progresiva escalada continuará hasta el año 2029, cuando el MEI alcanzará un aumento de 1,2 puntos porcentuales. Cada año, hasta ese momento, se prevé un incremento: en el año 2025 será del 0,80% (0,67% por parte de las empresas y 0,13% de los trabajadores), en 2026 ascenderá al 0,90% (0,75% para las empresas y 0,15% para los trabajadores), en 2027 será del 1% (0,83% para empresas y 0,17% para los trabajadores), y en 2028 se elevará a 1,10% (0,92% de empresas y 0,18% de trabajadores).
La contribución al MEI variará según la base de cotización de los trabajadores. Para aquellos que cotizan por la base mínima, se estima una aportación media anual de 32,4 euros para los trabajadores y 158,52 euros para las empresas, según el salario medio bruto anual en España. Por otro lado, para quienes cotizan por la base máxima, se espera una contribución media anual de 6,79 euros para los trabajadores y 81,5 euros para las empresas, considerando un repunte del 5% en la base de cotización.
A partir de 2030, se espera que el MEI equipare las aportaciones tanto de empresas como de trabajadores. A diferencia de su predecesor, el Factor de Sostenibilidad, este nuevo mecanismo se basa en los ingresos y no en las prestaciones, representando un enfoque distinto al utilizado en otros países europeos. Mientras países como Chipre, Dinamarca o Finlandia consideran factores como la esperanza de vida o la situación económica al ajustar la edad de jubilación, España ha optado por este nuevo modelo de equidad en la contribución al sistema de pensiones.
Impuestos que suben
Uno de los cambios significativos lo encontramos en la esfera del alquiler, con la promulgación de la Ley de Vivienda, que introduce ajustes fiscales clave para los arrendadores. En particular, la reducción general sobre los ingresos provenientes del alquiler de viviendas experimenta una disminución del 60% al 50% para el año entrante. No obstante, se introducen deducciones de hasta el 90% para determinados alquileres en zonas tensionadas. El dilema surge ante la tardanza de algunas comunidades autónomas en declarar estas áreas tensas, lo que resulta en una pérdida del 10% de reducción para los propietarios sin una compensación a cambio.
El Plan de Presupuestos 2024 proyecta un incremento en la recaudación mediante la recuperación de los tipos normales de los impuestos especiales sobre la electricidad, ascendiendo a 1.032 millones de euros adicionales. Estos tributos, limitados anteriormente al 0,5%, retornarán al tipo normal del 5,11%, agregando presión fiscal al sector.
El aumento de la inflación y de los salarios repercute en una mayor carga fiscal al no deflactarse el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La deflactación del IRPF ajusta los tramos y cifras de la renta conforme al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Mientras que algunas comunidades como Madrid deflactarán el IRPF en el año 2024, se espera que este ajuste proporcione un ahorro fiscal significativo para los madrileños.
En lo que respecta al Impuesto de Sociedades, las empresas multinacionales con presencia en varios países y los grandes grupos operativos en España con un volumen superior a 750 millones deberán tributar a un mínimo del 15% desde el inicio del año. Este gravamen suplementario se aplicará también a las filiales de compañías extranjeras que no alcancen el 15% mínimo de tributación.
El IVA sobre alimentos básicos de primera necesidad, como el pan, la harina, la leche y otros, se mantendrá con un tipo reducido hasta junio. Sin embargo, se plantea la incógnita sobre si se extenderá el IVA reducido para la electricidad hasta el 5%, cuyo término estaba previsto en el plan presupuestario y ha significado una disminución de 728 millones de euros en la recaudación entre enero y noviembre.
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