Los taxistas presionan para introducir una ley inspirada en Alemania que haría inviable a Uber y Cabify

El real decreto ley sobre VTC convalidado un mes después en el Congreso de los Diputados no fue el final de la batalla legal que enfrenta a los taxis con las empresas que mueven principalmente a Uber y Cabify. Más bien se trataba de un primer partido ganado en una eliminatoria de ida y vuelta. Ahora, sectores de taxistas próximos a Podemos, como es Elite Taxi en Barcelona y la Federación Profesional del Taxi en Madrid, quieren ganar el segundo partido: el de las regulaciones municipales y autonómicas.

El sindicato Elite Taxi en Barcelona está ejerciendo su capacidad de presión sobre Damià Calvet, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, y sobre la propia Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. El empujón se lo ha dado una sentencia del Tribunal Supremo alemán el pasado jueves donde los taxistas interpretan que se obliga a los vehículos de Uber Black a volver a la base donde se encuentran estacionados entre cada servicio. De ser así, supondría una traba casi insalvable para Uber y Cabify, puesto que se dispararían los costes y el tiempo de espera si tuvieran que realizar un viaje de vuelta a su sede entre servicio y servicio.

El sindicato taxista liderado por Tito Álvarez desde Barcelona -que levantó a los taxistas de toda España este verano consiguiendo una regulación a la vuelta del verano que daba cuatro años a las administraciones autonómicas y municipales para legislar- ya ha exigido a la Generalitat, con la que hay muy buena sintonía, que se obligue a Uber y Cabify a volver a la base tras cada servicio.

«Si en Alemania pueden aquí también, aunque la clave de todo está en la precontratacion. Nuestro objetivo es que vaya en la ley catalana que van a sacar antes de terminar el año y para ello estamos presionando muchísimo», ha indicado el líder sindical.

En Cataluña se podría dar el caso de que se avanzara con esta regulación. En primer lugar, porque no hay aparentemente elecciones a la vista. En segundo lugar porque es de sobra conocida la intención de la Generalitat de liderar iniciativas legislativas antes que nadie en España. Ocurrió por ejemplo con el impuesto al azúcar en esta misma legislatura, cuando en mediode la crisis política con el Estado, Barcelona aprobó un impuesto novedoso que apenas estuvo vigente unos meses y que suponía una revlución frente al resto del Estado.

En este contexto de negociación con el gobierno autonómico, los taxistas barceloneses cortaron este lunes las comunicaciones durante varios momentos del día con el aeropuerto de El Prat. La intención de Elite Taxi es mantener la presión, en esta ocasión ante la Generalitat, una táctica que ya les resultó exitosa a la hora de lograr cesiones del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado verano.

Este periódico ha contactado con Uber y Cabify que han preferido no pronunciarse al respecto.