La ‘solución Guindos’ para Popular: intervenir, traspasar activos a Bankia y el ladrillo a la Sareb

El Gobierno español ha vuelto a ofrecer a las autoridades europeas una solución para la crisis de Banco Popular tras el requerimiento realizado por el Banco Central Europeo (BCE) la pasada semana al ministro de Economía, Luis de Guindos, para que tome cartas en el asunto y evite la sangría bursátil de la entidad financiera que preside Emilio Saracho.

Según han confirmado fuentes cercanas al Popular, el ministro ha vuelto a ofrecer a la institución monetaria que sea Bankia quien salve a la entidad, pero en esta ocasión no ha solicitado realizar una fusión ­–una opción a la que ya se ha opuesto el BCE– sino traspasar todos los activos no problemáticos al banco que preside José Ignacio Goirigolzarri tras una eventual intervención de Popular por parte del Mecanismo Único de Resolución (MUR) que facilitaría la salida de Saracho.

El MUR es un organismo comunitario creado para rescatar entidades financieras en apuros que ha debutado con la intervención de Banca Monte dei Paschi di Siena, con un plan pactado con el Gobierno italiano y que combina la inyección de dinero público con la imposición de pérdidas a accionistas y bonistas.

Esta  “recapitalización preventiva” es una excepción a la normativa comunitaria creada por Bruselas para saltarse la nueva obligación que implica no destinar dinero público al rescate de entidades financieras mediante un proceso de bail in. Se trata de una puerta trasera que permite inyectar ayudas públicas a un banco si cumple unos determinados criterios.

En el caso de España la propuesta del Gobierno se completaría con la transmisión de los activos inmobiliarios problemáticos a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por su acrónimo: Sareb. Esta sociedad es un banco malo que aglutina los activos tóxicos del ladrillo que han salido del balance de las entidades financieras españolas tras el estallido de la burbuja crediticia que se produjo en 2008.

La propuesta del departamento ministerial que dirige De Guindos contempla además la participación del sector privado, ya que no todos los más de 36.000 millones de euros en activos que están bajo la lupa de los reguladores son problemáticos.

“En este escenario entrarían fondos extranjeros y sociedades de inversión inmobiliaria españolas que pudieran estar interesadas en adquirir algunos de los activos inmobiliarios que tienen valor”, explican las fuentes consultadas.

Ni Banco Popular ni el Ministerio de Economía confirman que el Gobierno haya planteado esta solución a las autoridades europeas, aunque ambos admiten que los contactos con el BCE son permanentes. De hecho, el propio presidente de la entidad, Emilio Saracho, tenía en su agenda una reunión este mismo martes con representantes del organismo supervisor acompañado por su nuevo consejero delegado a Ignacio Sánchez Asiaín.

Sin embargo, la agencia Europa Press ha informado a ultima hora que los dirigentes de Banco Popular no han celebrado la citada reunión con miembros del BCE. Poco después se ha conocido que Banco Santander podría ampliar capital en 5.000 millones de euros para realizar una operación corporativa que concluya con la absorción del Popular.