La SGAE considera «sin efecto jurídico» el auto que le obliga a restituir a las multinacionales en la Junta

El juez aceptó en un auto dictado el pasado 17 de enero las medidas cautelares solicitadas por las multinacionales Emi, Warner y Peer para que les reintegraran en la Junta Directiva de la SGAE, de la que fueron expulsados en diciembre de 2017 por la anterior dirección de la sociedad.

En aquélla ocasión, la SGAE les expulsó basándose en una sentencia de octubre de 2017 que impedía a las multinacionales estar en la Junta Directiva que decidía la cuantía del reparto de los derechos y a la vez ser receptores de esos derechos.

Sin embargo, como publicó también este diario, una sentencia del Tribunal de Madrid anuló esa sentencia de octubre al no haberse respetado los derechos de defensa de las multinacionales y obligó a volver al principio del juicio.

Tras esa sentencia, las multinacionales pidieron como medida cautelar que se les reintegrara en la Junta Directiva, algo que no ha hecho la SGAE ni tiene intención de hacer.

Porque, según explican fuentes de la SGAE a este diario, el auto del juez que acepta esas medidas cautelares carece de efectos jurídicos debido a que ya se han celebrado unas elecciones posteriormente a su expulsión y hay una nueva Junta Directiva, diferente a la que les expulsó.

Además, en la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se está tramitando en el Congreso impedirá cuando se apruebe que los usuarios participen en los órganos de gestión de entidades como la SGAE, según refleja el artículo 159 apartado ‘ñ’.

Multinacionales

En cambio, las multinacionales consideran que deben ser restituidas e, incluso, aseguran que las propias elecciones que elevaron a José Ángel Hevia a la presidencia de la SGAE en noviembre pasado podrían ser anuladas debido a que la Junta Directiva que las convocó era irregular.

«Así lo demuestra el auto del juez del 17 de enero y la sentencia de diciembre. Esa Junta Directiva no era correcta, era irregular, y es posible que la convocatoria de elecciones fuera ilegal. En cualquier caso, nosotros no vamos a parar, vamos a por todas», aseguran fuentes de las multinacionales.

Todo esto en medio de un proceso de intervención por parte del Gobierno. Como aseguró el viernes el ministro de Cultura, José Guirao, el Ejecutivo va a estudiar con la Abogacía del Estado la fórmula necesaria para intervenir la entidad. El problema es que no se ha ajustado a la norma europea, por lo que ya recibió un aviso cuando era presidente José Miguel Fernández Sastrón.