El servicio público de empleo sólo cierra el 2% de los contratos ofertados

Las cifras de intermediación laboral constatan el fracaso de las políticas activas de empleo del servicio público estatal y de sus delegaciones autonómicas. Según ha podido saber Ok diario, las oficinas del antiguo INEM sólo intermedian el 2,1% de las colocaciones de demanda activa con oferta previa, que en 2014 fueron un total de 17.192.709. Es decir, que el servicio publico de empleo sólo consiguió la firma de 335.679 contratos.

Estas cifras son en términos brutos, es decir, que es posible que cada empleado haya firmado más de un contrato. Por ello, las personas que realmente han encontrado trabajo en 2014 gracias a la mediación del servicio público son menos de 335.679.

La falta de eficiencia del organismo dependiente del ministerio de Empleo y Seguridad Social contrasta con la eficacia de las empresas colocadoras, cuya tasa de intermediación es del 15,5%, con 2,66 millones de contratos de demanda activa con oferta previa, que es el único tipo de colocación en el que el servicio público interviene activamente a la hora de casar oferta y demanda de trabajo. El resto de colocaciones provienen de demandas activas que encuentran empleo sin intermediación de organismos públicos.

Hoy en día el servicio público se limita a entregar subvenciones, asignar prestaciones por desempleo y poner en marcha las llamadas “políticas activas”, que suponen un desembolso total anual de más de 5.200 millones de euros. Esta partida ha crecido casi un 10% en los próximos Presupuestos Generales del Estado y no incluye el gasto en prestaciones, que es de casi 20.000 millones de euros.

Colaboración público-privada

El ministerio de Empleo ha lanzado un programa de colaboración público-privada para lograr ser más efectivo a la hora de encontrar trabajo a los desempleados. Sin embargo, la legislatura se acaba y no se ha avanzado nada en esta materia. Según confirma un responsable de una de las empresas con las que trabaja el departamento que dirige Fátima Báñez «se han sentado las bases del acuerdo, pero no se está haciendo nada todavía».

Hasta la fecha se han realizado dos concursos para adjudicar a varias agencias de colocación privadas la gestión de bolsas de empleo regionales. El primero de ellos ha acabado en los tribunales por discriminar a las pequeñas empresas en el proceso de licitación y el segundo acaba de aprobarse. Una vez que el programa esté en marcha, las empresas cobrarán por cada parado al que encuentren trabajo y percibirán incentivos extra por localizar desempleados que cobren prestaciones de forma fraudulenta.

Este tipo de colaboración entre el Gobierno y las empresas tiene una alta implantación en los principales países europeos. Francia, Holanda, Alemania y Reino Unido tienen programas en los que las agencias trabajan con el sector público para reducir el desempleo. En todos esos países la tasa de paro está muy por debajo de la española y en parte se debe a una adecuada gestión de la intermediación laboral.