La sentencia del TC que anula la regularización fiscal no afecta a los amnistiados en 2012

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la amnistía fiscal realizada en 2012 por el Gobierno español no afectará a aquellos contribuyentes que aprovecharon la posibilidad que les dio Hacienda para regularizar sus activos ocultos a cambio de pagar un 10% de su valor al Fisco.

El proceso estuvo abierto entre junio y noviembre del citado año y permitió que se declararan 40.000 millones de euros, generando unos ingresos de 1.200 millones para las arcas estatales.

La razón de que no afecte a los grandes patrimonios que se acogieron a la mal llamada amnistía (entre los que se encuentran Luis Bárcenas, Rodrigo Rato o Jordi Pujol) ya que aplicar ahora la nulidad de la reforma normativa con efectos retroactivos generaría inseguridad jurídica.

“Se trata de una cuestión de forma y una declaración política mediante la cual el TC utiliza su sentencia para criticar la medida, pero los amnistiados seguirán siéndolo”, explican fuentes jurídicas.

Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), coincide con esta análisis y recuerda que su asociación ya advirtió de que la reforma podría ser inconstitucional. “Como es lógico, por principios de seguridad jurídica, no va a afectar a los expedientes ya cerrados y firmes”, señala Cruzado a OKDIARIO.

De hecho, la propia sentencia del TC indica que las regularizaciones fiscales realizadas en 2012 “no son susceptibles de ser revisadas como consecuencia de la nulidad”. El Alto Tribunal tumba la amnistía fiscal por haberse aprobado mediante un decreto ley, cuando la Carta Magna prohíbe expresamente utilizar esta figura normativa cuando la reforma afecta “de forma relevante o sustancial” al “deber constitucional de todos de contribuir a la sostenibilidad de los gastos públicos”.

La duda surge ahora respecto al futuro de todos aquellos grandes patrimonios que regularizaron su situación en 2012 pero que aún no han sido inspeccionados por el Ministerio de Hacienda. Según los datos facilitados en mayo de 2016 por el titular del departamento ministerial, Cristóbal Montoro, en el Congreso tan sólo se ha inspeccionado a 3.545 personas de las casi 30.000 que se acogieron a la amnistía.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, se limitado a señalar que el Ministerio de Hacienda «está analizando» la sentencia del Tribunal Constitucional, sin precisar las repercusiones de la misma. No obstante, el alto cargo ha señalado que el tribunal cuestiona el «instrumento normativo» pero «avala la regularización», por lo que «no tiene ningún tipo de consecuencia».