Salarios más bajos, vivienda más cara y sanidad colapsada: los efectos de la regularización de inmigrantes

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 28/01/2026 05:50
  • Actualizado: 28/01/2026 05:50

La regularización de 500.000 inmigrantes ilegales que ha aprobado Pedro Sánchez por decreto tendrá unos efectos económicos muy dañinos para los españoles: mayor dificultad para que suban los salarios, presión adicional sobre el precio de la vivienda y colapso de los servicios públicos, en especial la sanidad, entre otros.

Estos efectos ya se están notando en los últimos años con la entrada en el mercado laboral de unos 2 millones de inmigrantes desde la pandemia y se agravarán con esta nueva regularización masiva de otro medio millón que contempla este decreto. Algunos economistas también señalan que habrá efectos positivos, como una mayor recaudación de impuestos y cotizaciones, pero este incremento quedará muy lejos del fuerte gasto público que supondrá la medida.

Salarios

El economista Javier Santacruz explica que «hará muy complicado que los salarios suban, porque se repartirá la masa salarial, que crece muy poco porque los beneficios empresariales no suben apenas, pero se contratará más gente y con los niveles salariales más bajos. Lo cual tiene un efecto transversal sobre el total de los salarios, por eso el salario medio cada vez se acercará más al SMI [salario mínimo interprofesional]».

«Se introduce más competencia para conseguir puestos de trabajo estables con los niveles de cualificación más bajos. Es decir, el resultado de la regularización de inmigrantes será precarizar aún más el mercado de trabajo», añade.

Vivienda

En cuanto a la vivienda, a priori parece que no debería haber ningún impacto, puesto que esas personas ya están en España, aunque sea en situación irregular. Sin embargo, Santacruz explica que «la demanda aflora con mucha más intensidad. Cuando eran irregulares, había mucha gente en la misma vivienda; pero cuando se regularizan, tienen más capacidad de optar al alquiler y, en algunos casos, en propiedad, es una correlación que se ha producido siempre».

La consecuencia es que esto va a hacer subir aún más los precios, sobre todo del alquiler en las principales ciudades, algo que se agrava con la política de desprotección al arrendador del Gobierno de Sánchez. Y también los precios de compra, puesto que la construcción sigue estancada en 100.000 pisos al año, muy lejos de esta demanda creciente. Lo cual, a su vez, llevará a fenómenos de mayor precariedad, como las infraviviendas o el alquiler por habitaciones.

Servicios públicos

Aunque la sanidad y la educación son universales, en muchos casos los inmigrantes irregulares no acuden a estos servicios por miedo a que les pillen y los expulsen. Ese miedo se pierde con la regularización y, además, tendrán opción al reagrupamiento familiar, con lo que podrán venir a España sus padres e hijos, que también consumirán estos servicios. Y como ya están bastante colapsados, el resultado será un deterioro aún mayor.

El experto Jon González (@Jongonzlz) añade que «sanidad, educación y vivienda pública sufren más demanda sin retorno fiscal inmediato que lo compense. También se verán afectados extranjería, servicios sociales… Y habrá un aumento del gasto autonómico y municipal sin financiación garantizada».

Mayor recaudación, pero insuficiente

En el lado positivo del decreto de inmigrantes, el citado González señala que «menos trabajo en negro supone más cotizaciones y más ingresos fiscales. Los nuevos cotizantes alivian parcialmente la presión del sistema de pensiones, sobre todo a corto y medio plazo».

Ahora bien, este incremento de la recaudación es insuficiente para cubrir el mayor gasto público que implicará esta regularización masiva. Expertos como el profesor Jesús Fernández Villaverde han concluido que, aunque aparentemente los inmigrantes regularizados pagan impuestos y cotizaciones, no sale a cuenta.

«El volumen de prestaciones que tiene que pagar la administración supera los ingresos fiscales. Vienen con más hijos, reciben subsidios, utilizan la sanidad, la educación, etc, los familiares pueden recibir pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, ayudas autonómicas y municipales… Y todo eso tiene un coste. Además, si tienen salarios bajos, pagan muy pocos impuestos», en palabras de Santacruz.

Y todo esto se refiere únicamente al impacto económico. Aparte, hay que tener en cuenta efectos sociales como la falta de integración, los conflictos en barrios y pueblos con un elevado porcentaje de extranjeros, etc. Y, por supuesto, el efecto llamada que provocará el decreto: «Una regularización masiva puede enviar la señal de que entrar irregularmente acaba siendo recompensado. Si no va acompañada de controles migratorios más estrictos, reproduce el problema en pocos años», según González.