El rescate de las autopistas no tendrá impacto fiscal: se volverán a privatizar en 2018

Corren ríos de tinta sobre el impacto que tendrá el rescate de las autopistas quebradas en las cuentas públicas española, pero en el Ministerio de Hacienda están tranquilos al considerar que el coste para las arcas estatales no será relevante. El objetivo del Ministerio de Fomento es nacionalizarlas en la primera mitad de 2018 y volverlas a privatizar antes de que concluya el ejercicio, logrando un impacto fiscal neutro.

Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes gubernamentales que esperan que el proceso se desarrolle con normalidad y sin grandes sobresaltos. Aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado marcha atrás en su promesa inicial de que el rescate de las autopistas “no costará un euro a los españoles” (tal como indicó su predecesora Pastor), lo cierto es que en el departamento que dirige Cristóbal Montoro se confía en que el efecto sobre las cuentas públicas no sea relevante.

El Consejo de Ministros formalizó a finales del pasado julio el mecanismo por el cual será la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) quien se encargue de gestión de las nueve autopistas quebradas según vayan siendo nacionalizadas en los primeros meses del próximo año.

El objetivo es volverlas a licitar y adjudicarlas a nuevas empresas concesionarias antes de que finalice 2018 en un proceso express de rescate y retorno al sector privado. La recuperación económica española ha permitido un incremento del tráfico en estas infraestructuras que facilitará la operación de salvamento sin que tengan que sufragar el coste los contribuyentes.

La clave está en el precio que haya que abonar a los fondos de inversión en cuyas manos está la deuda de las autopistas que los bancos traspasaron para limpiar sus balances. En el departamento que dirige De la Serna se calcula que el desembolso puede rondar los 2.100 millones, pero el Tribunal de Cuentas indica que la responsabilidad patrimonial de la administración ascenderá a 3.700 millones de euros.

En el alero está también el importe de 550 millones de euros que el Gobierno del PSOE concedió a las concesionarias en formato de préstamos participativos.

En el Ministerio de Fomento recuerdan que “no se puede hablar de un rescate de las autopistas de peaje en quiebra porque no hay una acción de Gobierno dirigida a rescatar una concesión en vigor”. En este sentido, el departamento explica que la Ley de Contratos del Sector Público prevé que cuando una concesión de obra pública inicia la fase de liquidación en un concurso de acreedores, existe la obligación legal de resolver el contrato de concesión y, por lo tanto, la infraestructura revierte a la administración concedente.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda consideran que el coste que tendrá la nacionalización “será más bajo que las cifras que se están manejando” y confirman que “no habrá problemas” para las arcas públicas porque la venta se producirá en el mismo ejercicio.

Las nueve autopistas que se encuentran en concurso de acreedores cuentan con 700 trabajadores, que mantendrán su empleo. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. Según los cálculos basados en las cuentas auditadas de 2016, la previsión es que estas autopistas ingresen por el tráfico de vehículos 100 millones de euros en 2018, un 12% más que este año

Si el Gobierno logra su objetivo y el rescate de las autopistas quebradas no tiene impacto fiscal sentará las bases para cumplir el objetivo de déficit público del 2,8% del Producto Interior Bruto (PIB) comprometido con la Comisión Europea para 2018. Esto supondrá abandonar de una vez por todas el protocolo de déficit excesivo que Bruselas impone a los países de la eurozona que tienen una brecha fiscal superior al 3% del PIB.