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Economía
Regularización inmigrantes

La regularización masiva de inmigrantes a punto de colapsar Extranjería: «Las citas ya están saturadas»

CSIF: "Los registros de Extranjería están saturados, tanto en la atención presencial como telemática y la app registra fallos"

  • Alicia Bonilla
  • Periodista especializada en Economía. Graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

La regularización masiva de inmigrantes está a punto de colapsar el sistema de Extranjería, ya que en este momento las citas tanto online como presenciales se encuentran saturadas. Así, desde el sindicato CSIF se reclama planificar el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes y el refuerzo de plantillas para evitar el colapso de Extranjería.

Además, el sindicato pide una reunión urgente a Política Territorial, debido a que «los registros de Extranjería están saturados, tanto en la atención presencial como telemática y la aplicación electrónica registra fallos por sobrecarga».

Desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria ha aumentado la afluencia de personas a las oficinas para pedir información. De hecho, los funcionarios denuncian que «el volumen de trabajo ha aumentado de manera exponencial en los registros, que se encuentran saturados, tanto de manera presencial como telemática, por la falta de personal».

Por tanto, desde el sindicato más representativo entre los funcionarios se plantea una distribución coordinada de recursos entre los departamentos de Interior, Política Territorial, SEPE y Seguridad Social.

Hay que tener en cuenta que CSIF ya reclamó mejoras laborales para las/os trabajadores de las oficinas de extranjerías tras la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería el año pasado, que supuso en la práctica una elevada carga de trabajo que, en las actuales circunstancias, se hace inasumible por la plantilla, pese al personal temporal que se incorporó desde principios del año pasado.

Otra circunstancia problemática es que parte del personal destinado en Extranjería tiene la condición de interinidad y por su carácter temporal deben de recibir formación los efectivos que se incorporan, lo que supone también un inconveniente que afecta a las labores de la plantilla.

«Se trata de una sobrecarga de trabajo aún mayor para la plantilla actual, con la posibilidad de llegar al colapso en la prestación del servicio», alertan.

Asimismo, los funcionarios también denuncian que el proceso de regulación extraordinario no podrá implementarse con garantías sin un refuerzo inmediato, suficiente y planificado, tanto en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno (dependientes del Ministerio de Política Territorial) como en la Dirección General de la Policía (DGP), encargada de la documentación y los expedientes vinculados.

La situación en las comisarias con la regularización

CSIF también alerta que con la nueva regularización los tiempos de espera se pueden disparar, tanto en expedientes como en emisión de documentación, «se pondrá en riesgo la atención al ciudadano, tanto a personas extranjeras como a nacionales que soliciten DNI, pasaporte u otros trámites dependientes de la DGP».

Según datos de la propia Administración, a lo largo de 2024 y 2025 se han incorporado alrededor de 750 personas a estas áreas. No obstante, desde el sindicato denuncian que «esta cifra es insuficiente ante el crecimiento sostenido de la carga de trabajo y el incremento de solicitudes que se prevé con el nuevo proceso de regularización».

«En el caso de la Dirección General de la Policía, los expedientes en materia de Extranjería han aumentado más del 25 por ciento. De hecho, ya se están produciendo una saturación generalizada en unidades de documentación», defienden.

Por tanto, CSIF exige al Gobierno y a la Dirección General de la Policía: un plan de refuerzo estructural, con incrementos reales y permanentes de las plantillas, no medidas puntuales; la incorporación inmediata de más personal a todas las áreas de Extranjería, tanto en delegaciones o subdelegaciones como en la DGP; garantías laborales básicas y una distribución coordinada de recursos entre departamentos: Interior, Política Territorial, SEPE y Seguridad Social.