Habrá una rebaja en la actualización del Convenio Económico entre el Ejecutivo y el Gobierno Foral

El Gobierno central y el Ejecutivo foral tienen previsto firmar el próximo miércoles el acuerdo de actualización del Convenio Económico que rige las relaciones financieras entre ambas Administraciones y que supondrá una rebajará en la aportación de Navarra a las cargas generales del Estado.

Fuentes del departamento de Hacienda del Gobierno de Navarra han confirmado a Efe que la firma está prevista en el Ministerio para la tarde del miércoles, aunque antes «quedan por cerrar algunos flecos, no todo está hecho».

Sin precisar la cuantía acordada para la aportación de 2015, año base para el quinquenio de vigencia del Convenio actualizado, sí que han confirmado que la misma supondrá rebajar la aportación abonada en los últimos ejercicios, en los que la referencia ha seguido siendo 2010, el año base del último Convenio negociado.

Una vez firmado el acuerdo será necesario por tanto revisar los pagos efectuados por Navarra al Estado en 2015 y 2016, y en esta revisión la Comunidad Foral podría conseguir un saldo a su favor de unos cien millones de euros.

Ya el jueves, en el último pleno parlamentario del año, la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, confirmó que la firma del acuerdo de actualización del Convenio Económico tendría lugar antes de Fin de Año, porque ése era «el compromiso» de ambas partes.

Confirmado este extremo, el presidente de UPN, Javier Esparza, ha mostrado esta tarde su «satisfacción» porque, «cuando las dos Administraciones trabajan de manera conjunta y desde la lealtad institucional, se alcanzan objetivos beneficiosos para Navarra y, por tanto, también para el conjunto de España», por cuya «estabilidad» asegura que trabaja su partido en el Congreso y el Senado.

También Podemos ha celebrado que, después de «casi tres años de demora», se haya llegado a un acuerdo sobre el Convenio, aunque lamenta que la «inacción» del anterior Gobierno de UPN y del PP haya causado «un claro daño» a Navarra, que ha debido pagar «entre 100 y 150 millones de euros más al Estado» en lugar de destinar ese dinero a políticas sociales y servicios públicos.