Rajoy defiende la legalidad de su amnistía fiscal e insiste que la sentencia del TC no tiene efectos

Rajoy
El presidente del Gobierno, en el Senado.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido en el Congreso la legalidad del proceso extraordinario de regularización fiscal de 2012, más conocido como ‘amnistía fiscal’, y ha insistido en que la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló aquel decreto ley no tiene efectos.

«La sentencia no producirá efectos y, por tanto, las actuaciones realizadas que son firmes no podrán ser revisadas. Esa es la verdad, y lo demás son juicios de valor», ha aseverado el presidente ante la pregunta de la portavoz socialista, Margarita Robles, quien se ha estrenado en la sesión de control al Gobierno de este miércoles pidiéndole una valoración de la reciente sentencia.

Rajoy ha vuelto a decir que en 2012 España «estaba en una situación límite, al borde de la quiebra y al borde del rescate» y que esta escenario provocó que se tomaran «decisiones que probablemente en otras circunstancias no se hubieran tomado».

«No solamente esa (ha proseguido) sino también una subida de impuestos, que luego volvimos a bajar, o por ejemplo la nacionalización de la banca, cosa que considerará que en un partido como el mío no es lo más razonable y que no figuraba en nuestro programa».

En todo caso, Rajoy ha defendido que la regularización «se hizo en línea de las recomendaciones de la OCDE» y que también otros países, como Reino Unido, Italia o Estados Unidos, aprobaron procesos similares. «Esa regularización fiscal ni limpia ni borra delitos», ha subrayado, tras apuntar que la amnistía permitió obtener unos ingresos adicionales de 1.200 millones de euros y aflorar unos 40.000 millones.

Asimismo, el presidente ha recordado que otros gobiernos, en este caso socialistas, también aplicaron regularizaciones extraordinarias, «pero con diferencias», pues ha defendido que en 2012 la situación era de «prequiebra» y que en 1991 «la situación era boyante».

«Y con ustedes, las rentas alfloradas no pagaron, y con nosotros sí. Y con ustedes los defraudadores no se identificaban porque les dieron pagarés opacos y con nosotros sí. Esa es la pequeña diferencia», ha sentenciado Rajoy.

La abdicación del Estado y legitimar el fraude

Margarita Robles, que debutaba al frente de la bancada socialista, ha leído ante Rajoy fragmentos de la propia sentencia del Tribunal Constitucional en los que el Alto Tribunal mencionaba «la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos los ciudadanos de concurrir al sostenimiento de las cargas fiscales».

«Dice que con su amnistía fiscal han venido a legitimar como una acción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar con acuerdo de su posición económica, colocándoles en una situación más favorable que la del resto de los ciudadanos», le ha espetado Robles.

Por ello, se ha dirigido al presidente para preguntarle que, «si no toma una responsabilidad política de su Gobierno, con qué fuerza moral va a hacer caso a otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional». «¿Con qué fuerza moral va a pedir a los ciudadanos que contribuyan, en un momento como el que estamos hablando, a las cargas tributarias?», ha concluido Robles.

No valora la sentencia, ni ninguna

Ante la petición de Robles para realizar una valoración de la sentencia, el presidente ha declinado la invitación. «No me lo tome a mal, pero no valoro ni esta sentencia ni ninguna», ha dicho, porque no le parece «conveniente» que el máximo responsable del poder Ejecutivo, ha argumentado, «se dedique a aplaudir, criticar, o a tomar posición o a entrar en polémicas con el contenido de las sentencias de los tribunales».

Por su parte, Robles, magistrada en excedencia, ha replicado que «no esperaba otra respuesta». «Sería bueno que otros ministros de su gobierno hicieran lo mismo en relación a la valoración de sentencias que no les resultan agradables ni cómodas», ha manifestado. En todo caso, ha subrayado que el presidente «no se puede quedar al margen de la sentencia del Constitucional».

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