Quién decide qué responde la IA: gobiernos y magnates luchan por su control mientras Trump se une a ChatGPT

El avance imparable de la inteligencia artificial ha desatado una batalla por el poder tecnológico que ya no se libra sólo en los mercados, sino también en las esferas políticas. 

Lo que hace apenas unos años era una competición entre empresas privadas por desarrollar los modelos más avanzados es hoy un pulso en el que gobiernos, multimillonarios y grandes inversores buscan ganar influencia sobre la tecnología que marcará el futuro.

El debate ya no se limita a quién liderará el negocio de la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es quién tendrá capacidad para influir en los modelos que millones de personas utilizan cada día y, con ello, en el acceso a la información.

Trump, ¿presidente o inversor?

La última muestra de este cambio llega desde Estados Unidos. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, habría planteado ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, una operación que, de materializarse, supondría un giro sin precedentes en la relación entre el poder político y la empresa que ha liderado la revolución de la IA.

Pero esto no es sólo cosa de Trump; Sam Altman lleva tiempo defendiendo que la IA generará una enorme creación de riqueza y que parte de ese valor debería llegar a la sociedad mediante mecanismos similares a un fondo soberano.

Ahora bien, expertos como Manuel Pinto, analista de mercados, son bastante escépticos con este tipo de propuestas. En este caso, el analista cree que el Estado debe establecer las reglas del juego, garantizar la competencia y velar por la seguridad nacional, pero no necesariamente convertirse en accionista de las empresas que regula. 

«Cuando el regulador pasa a ser también propietario, pueden aparecer conflictos de interés difíciles de gestionar», añade Pinto.

Aunque una participación minoritaria del 5% probablemente no alteraría el control efectivo de estas compañías, el mensaje que transmite es muy relevante: la inteligencia artificial pasa de ser una industria privada a convertirse en un asunto de Estado.

Si un Gobierno es al mismo tiempo regulador y accionista, puede verse tentado a tomar decisiones pensando en proteger el valor de su inversión en lugar de fomentar la competencia.

La IA como arma contra China

Históricamente, la innovación ha surgido en entornos donde existen competencia y libertad empresarial. Cuanto mayor sea la influencia política en las decisiones corporativas, mayor es el riesgo de ralentizar la innovación o de priorizar objetivos políticos frente a criterios económicos.

«La mejor contribución que puede hacer el sector público es ofrecer un marco regulatorio claro y estable, no sustituir al capital privado», opina el analista.

Pero el caso de OpenAI no es el único. Trump mantiene desde 2025 el 10% del capital de Intel, equivalente a 433,3 millones de acciones, mediante una inversión cercana a los 9.000 millones de dólares.

Sin embargo, el poder sobre la IA no sólo se ejerce mediante acciones, sino también mediante regulación, y es ahí donde la influencia Trump se extiende a otras empresas más allá de OpenAI o Intel.

En este sentido, el Gobierno estadounidense también ha intensificado su influencia sobre NVIDIA y Apple a través de la política industrial. En el caso de NVIDIA, las restricciones a la exportación de chips de última generación buscan limitar el acceso de China a tecnología clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, convirtiendo a la compañía en una pieza central de la rivalidad tecnológica entre ambas potencias.

Apple, por su parte, ha estado en el centro de la política comercial de la Administración estadounidense, con presiones para reforzar la fabricación nacional, reducir su dependencia de China y adaptarse a una estrategia industrial marcada por aranceles e incentivos para relocalizar la producción.

China lleva años preparándose

Sin embargo, el mayor ejemplo de influencia del Gobierno sobre las grandes tecnológicas no es EEUU, sino China.

Pekín mantiene desde hace años una estrecha capacidad de supervisión sobre compañías como Baidu, Alibaba, Tencent o ByteDance, a las que exige cumplir estrictos requisitos regulatorios, de ciberseguridad y de control de contenidos. 

Además, el Estado impulsa el desarrollo de la IA mediante fondos públicos, planes nacionales de inversión y apoyo a los fabricantes de chips y centros de datos. El objetivo es doble: reducir la dependencia tecnológica de Occidente y garantizar que las herramientas de inteligencia artificial se desarrollen alineadas con los intereses estratégicos del país.

Según un informe de Carnegie Endowment, China establece requisitos sobre cómo se construyen e implementan los algoritmos y sobre la información que los desarrolladores de IA deben divulgar al gobierno y al público.

Esfuerzos insuficientes en Europa

Por su parte, Europa tampoco parte de cero. Aunque el debate sobre una mayor implicación de los Estados en la inteligencia artificial ha cobrado fuerza en los últimos meses, varios gobiernos europeos llevan décadas manteniendo participaciones en compañías consideradas estratégicas. 

Alemania conserva cerca del 28% de Deutsche Telekom, mientras que Francia sigue siendo el principal accionista de Orange, dos ejemplos de cómo las telecomunicaciones han sido tradicionalmente consideradas un activo de interés nacional.

Esa misma lógica es la que ahora empieza a trasladarse al ámbito de la inteligencia artificial, con Alemania y Francia aunando fuerzas para impulsarla en Europa. 

Diferentes ministros de Francia y Alemania han hecho llamamientos conjuntos a la acción argumentando que Europa debe actuar con rapidez para construir una auténtica soberanía tecnológica o corre el riesgo de quedarse atrás como mera espectadora en la transformación tecnológica que definirá la década.

El ministro federal alemán de Transformación Digital y Modernización del Gobierno, Karsten Wildberger, afirmó que la soberanía de la IA no es proteccionismo, sino una necesidad para la autonomía. 

Sin embargo, la sensación para Pinto es que Europa padece un exceso de burocracia y una falta de incentivos a la innovación. Muchas veces ponemos el foco en regular antes que en crear empresas capaces de competir a escala global.

El experto no cree que la solución pase por aumentar la presencia del Estado en el accionariado de las compañías tecnológicas. «Lo verdaderamente importante sería facilitar el acceso al capital, reducir trabas administrativas, atraer talento y crear un entorno en el que las empresas innovadoras puedan crecer sin necesidad de trasladarse a Estados Unidos», añade.

El poder del dinero

Pero la batalla por la inteligencia artificial no es exclusiva de los gobiernos. Los multimillonarios que lideran las principales compañías tecnológicas también compiten por marcar el rumbo de una tecnología que aspira a transformar la economía y la forma en la que accedemos a la información.

Ya no se trata únicamente de desarrollar el mejor modelo de inteligencia artificial, sino de controlar toda la infraestructura necesaria: chips, centros de datos, talento, capacidad computacional, distribución y acceso a millones de usuarios.

Sam Altman quiere convertir OpenAI en la plataforma de referencia de la IA general, Elon Musk está construyendo un ecosistema integrado con xAI, X, Tesla y SpaceX, y Mark Zuckerberg apuesta por modelos más abiertos para acelerar su adopción y atraer desarrolladores.

«Estamos viendo una concentración de poder tecnológico pocas veces vista, lo que explica que los gobiernos quieran aumentar su capacidad de influencia», señala Pinto.

Una guerra por el control total

La inteligencia artificial ha dejado de ser una simple innovación tecnológica para convertirse en un activo estratégico para la economía global. Para Pablo Vega, analista de Roams, su relevancia ya es comparable a la de la energía, los semiconductores o las telecomunicaciones.

En este sentido, el experto apunta: «quien controle los modelos, los datos, la capacidad de computación y los canales de distribución tendrá una posición de enorme influencia sobre la productividad, la seguridad, el empleo y la competitividad de los países».

La diferencia, según el experto, respecto a otras olas tecnológicas es que aquí el poder se concentra en muy pocas manos. Desarrollar modelos avanzados exige miles de millones en inversión, acceso a chips, centros de datos, talento especializado y alianzas con grandes plataformas.

«Eso hace que la carrera esté dominada por un grupo muy reducido de compañías y fundadores con capacidad financiera y política para influir en el rumbo del sector», añade Vega.

Más allá de OpenAI

La gran cuestión de los próximos años no será únicamente cómo regular la inteligencia artificial, sino quién controla su desarrollo y quién participa de la riqueza que generará.

Además, el debate ya se centra sólo en quién desarrollará la IA más potente, sino en quién tendrá capacidad para influir en ella. Porque detrás de cada modelo no solo hay innovación y miles de millones de inversión: también hay intereses económicos, geopolíticos y una creciente lucha por decidir cómo evolucionará la tecnología que millones de personas utilizan cada día.