¿Qué es el procedimiento por déficit excesivo del que ha salido España?

Este procedimiento, por el que han pasado 26 de los 28 Estados de la Unión Europea en algún momento, permite a la Comisión y los socios comunitarios exigir ajustes a los países que incumplen las normas europeas en materia de déficit y deuda, en aras de la estabilidad económica del bloque.

Estas son algunas de las claves para entender en qué consiste y qué implica:

¿Cuándo y por qué surge el procedimiento?

El procedimiento por déficit excesivo (EDP, por sus siglas en inglés) nació en 1997, con la creación de la Unión Económica y Monetaria y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Este recoge las normas europeas destinadas a garantizar la coordinación de las políticas fiscales y la solidez de las finanzas públicas en todos los países de la Unión Europea tras la introducción del euro.

El pacto, que después se ha complementado con otras regulaciones y directrices para su aplicación, incluye un «brazo preventivo», para garantizar que las políticas fiscales nacionales son sostenibles, y un «órgano correctivo» para emprender acciones cuando un país se desvía demasiado de las normas.

El procedimiento por déficit excesivo es el sistema en el que se basa este proceso de corrección.

¿Cuándo se puede abrir?

La Comisión Europea puede solicitar abrirlo cuando un país tenga un déficit público superior al 3 % de su PIB o su deuda pública supere el 60 % del PIB y no se reduzca a un ritmo satisfactorio.

Las normas europeas exigen que la brecha entre el nivel de deuda y el umbral del 60 % se reduzca en un veinteavo de su volumen cada año.

Así, mientras el procedimiento que se abrió a España en 2009 responde a un exceso de déficit -llegó a tocar el 11 % del PIB durante la crisis financiera-, el que se podría iniciar para Italia se debe a que no ha reducido su abultada deuda (132,2 % de su PIB en 2018).

Para proponer abrir el procedimiento, la Comisión debe demostrar el incumplimiento del país, por ejemplo, con informes sobre la deuda como el presentado hoy en el caso italiano.

¿Qué se exige a los países?

Tras la apertura del procedimiento, la Comisión fija al Estado en cuestión un objetivo de corrección del déficit y el plazo en que debe conseguirlo. Tanto para iniciar el proceso como para establecer las metas se requiere el visto bueno por mayoría del Consejo (los Estados miembros).

En la práctica, la mayoría de países se han visto obligados a llevar a cabo ajustes, con reducciones del gasto o aumento de impuestos, aunque factores como el crecimiento económico o la reducción de los intereses de la deuda soberana también contribuyen a reducir los desvíos presupuestarios.

Los Gobiernos deben comunicar al Ejecutivo comunitario periódicamente qué medidas tomarán para corregirlos.

Cuando vence el plazo, la Comisión evalúa si han cumplido. Si es el caso, el procedimiento se cierra y el Estado pasa al «órgano preventivo», mientras que, si no se han respetado los compromisos, los países pueden enfrentarse a sanciones.

Bruselas puede también relajar los objetivos o conceder una prórroga si considera que las finanzas públicas se han visto afectadas por acontecimientos fuera del control de los Gobiernos. España se ha beneficiado de cuatro prórrogas desde que se abrió el procedimiento en 2009.

¿Cuándo puede haber sanciones?

La Comisión puede llegar a proponer sanciones si determina que un país no ha emprendido «acciones efectivas» para corregir sus déficits a tiempo.

Estas consisten en una multa equivalente al 0,2 % del PIB del país y la suspensión temporal de los fondos estructurales o de inversión comunitarios que le correspondan.

La multa puede incrementarse hasta un máximo del 0,5 % del PIB si el Estado sigue sin tomar medidas, siempre previa aprobación del Consejo.

La Comisión propuso en la primavera de 2016 multar a España y Portugal por no haber hecho lo suficiente para corregir sus respectivos déficits, pero terminó por cancelar la multa al argumentar que hubiera socavado la recuperación económica y del empleo en estos países.

Esta aplicación «flexible» de las normas, de la que se ha beneficiado en varias ocasiones Italia, ha granjeado críticas a la Comisión, al tiempo que muchos Estados reclaman que se simplifiquen las normas.

¿A qué países ha afectado?

De los 28 miembros de la UE, solo Estonia y Suecia no han estado nunca sujetas a un procedimiento por déficit excesivo.

En 2011, en plena crisis financiera, 24 países tenían abierto un expediente de este tipo, aunque ninguno ha tardado tanto en corregir su déficit como España, último país en abandonarlo tras Francia.

Sin embargo, la página en blanco podría durar poco si los Estados miembros apoyan la petición de Bruselas para abrírselo a Italia.