En qué consiste la regularización extraordinaria de inmigrantes: a quién beneficia, requisitos, plazos y más

• Blanca Espada @blank7133
• Redactora de contenidos en OkDiario. Escribiendo para blogs y empresas de contenidos digitales desde 2007.
• • 31/01/2026 08:00
  • Actualizado: 31/01/2026 08:00

Durante los últimos meses se venía comentando que el Gobierno estudiaba una regularización para personas que viven en España sin autorización. Algo que se produjo esta misma semana, cuando el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la medida. Para llegar a ello ha habido un trabajo insistente de decenas de organizaciones sociales, colectivos profesionales y entidades religiosas que reclamaban una solución administrativa para quienes llevan tiempo asentados en el país. El Ejecutivo ha optado por un Real Decreto, de modo que la norma entrará en vigor en cuanto aparezca publicada en el BOE y tendrá que ver con una regularizació extraordinaria para inmigrantes.

No se trata de un cambio profundo del modelo migratorio, ya que la medida se dirige únicamente a quienes ya vivían en España y no habían logrado regularizarse pese al tiempo transcurrido. Personas que han trabajado, viven en España y acuden a la sanidad pública pero no tienen un permiso. De este modo, la regularización extraordinaria de inmigrantes que ahora sale adelante abre un procedimiento concreto, con un plazo limitado, para que puedan acreditar su estancia y optar a una autorización provisional mientras se analiza su expediente.

Uno de los puntos que más se ha destacado es la protección durante la tramitación. Basta con que la solicitud quede registrada para que se detengan las órdenes de expulsión relacionadas con motivos administrativos o con haber trabajado sin permiso. Esa paralización no supone que el caso esté aprobado, pero sí evita que la persona quede en una situación vulnerable mientras la Administración revisa la documentación. Desde ahí, cada expediente dependerá de su propio contenido y de la capacidad de demostrar la residencia.

En qué consiste la regularización extraordinaria de inmigrantes

El decreto fija un criterio temporal claro: podrán acogerse quienes ya vivían en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025. No se pide un documento concreto, y esa es precisamente una de las claves. La Administración aceptará cualquier prueba que ayude a demostrar que la persona ha estado realmente en el país: un padrón municipal, una cita médica, un informe de servicios sociales, un contrato de alquiler, facturas de luz o agua, justificantes de envíos de dinero o incluso billetes de transporte que permitan reconstruir movimientos dentro de España.

Con este sistema se intenta abarcar situaciones muy distintas. No todas las personas han podido mantener un contrato de vivienda o una relación estable con los servicios públicos, pero sí han dejado rastro de su vida cotidiana. Por eso el abanico es amplio y permite acreditar la permanencia de distintas maneras.

Además, se deberá cumplir un segundo requisito: no tener antecedentes penales relevantes, ni en España ni en el país de origen. Para ello será necesario presentar los certificados correspondientes, legalizados y traducidos cuando proceda. Es una condición habitual en trámites de extranjería y se mantiene también en este proceso extraordinario.

Plazos y efectos durante la tramitación

El plazo de presentación estará abierto hasta el 30 de junio. Quien reúna las condiciones podrá iniciar la solicitud dentro de ese periodo. Una vez admitida a trámite, se concederá una autorización provisional, válida para trabajar y para acceder a la asistencia sanitaria. Esa autorización cubre el tiempo necesario para que la Administración estudie el caso y compruebe la documentación.

Si finalmente se aprueba, la persona obtendrá una residencia de un año, renovable después por los procedimientos ordinarios. A partir de ese momento entrará de lleno en el sistema habitual de autorizaciones.

La suspensión de las órdenes de expulsión es uno de los aspectos más relevantes, porque evita situaciones incoherentes mientras se tramita la solicitud. No significa que el expediente esté resuelto, pero sí que la persona podrá continuar el proceso sin riesgo de interrupciones administrativas.

¿A cuántas personas puede afectar?

Las primeras estimaciones hablan de más de medio millón de personas, aunque la cifra real dependerá de cuántas presenten la solicitud y acrediten la estancia necesaria. En los últimos años, el número de extranjeros en situación irregular ha aumentado de manera constante, pasando de algo más de cien mil personas en 2017 a cerca de 840.000 en 2025, según cálculos que manejan distintas organizaciones.

La regularización no afecta a quienes lleguen después de la fecha límite ni modifica los requisitos generales de entrada en España. Solo está pensada para quienes ya estaban viviendo aquí antes del corte temporal. La intención es ordenar una parte de la realidad migratoria existente y ofrecer una vía administrativa a quienes llevan tiempo insertados en la vida del país, aunque no hubieran podido obtener un permiso.

Durante los próximos meses, la administración tendrá que gestionar un volumen de solicitudes muy elevado. Para los posibles beneficiarios, el reto será reunir la documentación y presentarla dentro del plazo. Y para el sistema, tramitar cada expediente con la rapidez suficiente para evitar bloqueos. El impacto final dependerá de ese equilibrio.