Podemos pide al PSOE topar los precios de los alimentos al nivel que estaban al inicio de la guerra

Podemos propone al Gobierno intervenir directamente el mercado de la alimentación para abaratar la cesta básica de la compra y topar, al menos durante 2023, el precio de estos productos a los niveles que presentaban cuando comenzó la guerra de Ucrania, en febrero del año pasado. Y en caso de que el PSOE se oponga se abren a estudiar bonificaciones directas al precio de los alimentos, pero desplegando un impuesto a grandes empresas de distribución para compensar el despliegue de fondos públicos.

Fuentes del partido morado han explicado que consideran «imprescindible» que el Ejecutivo adopte medidas «valientes», como ya se ha hecho con la energía o el transporte público, para «poner remedio a la actual escalada de los precios» en este sector. La propia ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha desgranado luego en Twitter las líneas centrales de esta iniciativa porque la situación «requiere que el Ejecutivo tome cartas en el asunto», además de detallar que habría ayudas al pequeño comercio para compensarle ante la situación de precios intervenidos.

El planteamiento de Podemos llega después de que el Índice de Precios de Consumo (IPC) haya subido dos décimas a finales de 2022 en relación al mes anterior pero con recorte de 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 5,7%, su cifra más baja desde noviembre de 2021, en contraposición con la tendencia de los precios de la alimentación, que se dispararon al 15,7%.

En caso de que el PSOE, su socio de coalición no apoyara la propuesta de Podemos de intervenir el precio de los alimentos, y para facilitar que se alcanzase un acuerdo cuanto antes, los morados también se abren a estudiar una bonificación de los productos de la cesta básica, como se hizo con los carburantes hasta igualarlos al nivel que estaban días antes de la guerra de Ucrania.

Y dado que esta segunda vía implicaría destinar recursos públicos, Podemos afirma que debería completarse con otras dos medidas. La primera sería establecer un gravamen extraordinario a las grandes cadenas de distribución, análogo al aprobado para la banca y las empresas energéticas.

Los morados ya demandaron este tributo en las semanas previas a la extensión del decreto anticrisis y abogaban por un tipo del 33% sobre los márgenes de beneficios de estas compañías, resaltando que esta iniciativa ya se había desplegado en Portugal con buenos resultados.