Los plazos de pago a proveedores bajan en 2016 pero siguen sin cumplir con la ley

El plazo medio de pago a proveedores se redujo el pasado año, tanto en el sector público como en el sector privado, hasta los 71 y 77 días, respectivamente, aunque en ambos casos continúa muy por encima de lo que marca la ley. Así lo han arrojado los datos del «Informe sobre morosidad: Estudio plazos de pago en España 2016» presentado por la Plataforma Sectorial contra la Morosidad (PMcM).

El plazo medio de pago a proveedores en el sector público bajó un 5,3%, de 75 a 71 días, lejos de los 30 días que marca la ley. En cuanto al sector privado, redujo sus plazos de pago un 9,4%, de 85 a 77 días, también muy por encima de los 60 días fijados por ley. El presidente de la Plataforma, Antonio Cañete, ha precisado que en esta media hay una gran diferencia entre unas empresas y otras, ya que mientras los autónomos pagan a 44 días y las microempresas, a 50 días, las grandes empresas lo hacen a 126 días. Este escenario genera una «tensión» para las pymes y autónomos, que abonan sus facturas a un plazo mayor al que cobran de sus clientes, ha considerado Cañete.

El estudio, elaborado con la información recogida en más de 700 encuestas, también revela que el 91% de los proveedores que sufrieron impagos nunca o casi nunca exigieron a sus deudores intereses de demora y el 96% de ellos no reclamaron la correspondiente indemnización. En la mayoría de los casos (71 %) se debe al miedo a perder a los clientes en caso de tomar medidas, aunque todavía hay un 29 % que desconoce sus derechos en este sentido.

En cuanto a los impagos, en 2016 bajaron al 2,4% (desde el 4,4% del año anterior), una morosidad que es responsable de un tercio de los cierres de empresas desde el inicio de la crisis. Para combatir la morosidad, un 93% de los encuestados aboga por imponer un régimen sancionador para los retrasos en el sector privado.

El pasado mes de enero, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, planteó la posibilidad de penalizar fiscalmente a las empresas que demoren los pagos a sus proveedores por encima de lo que establece la ley.