Pensiones: estafa y casta

Frédéric Bastiat decía que el Estado es aquella institución que hace cosas tales que si las hiciéramos los ciudadanos iríamos presos. Por ejemplo, el Estado estafa, y una prueba son las pensiones públicas. Para empezar, no son pensiones. Las pensiones dignas de ese nombre son las privadas, de capitalización, donde la gente deposita unos ahorros cuyos rendimientos cobrará cuando se retire. Las pensiones públicas son otra cosa: no hay allí fondo alguno. El llamado Fondo de Reserva, o “hucha”, ni es fondo, ni es reserva, ni es hucha.

La Seguridad Social no es un seguro, y no es social, sino político. Es un sistema llamado “de reparto” porque el poder reparte. No hay ninguna garantía de que los pensionistas cobren su pensión, porque todo depende de que en cada momento el Estado les quite dinero a los trabajadores para pagar las pensiones. Se trata de un sistema piramidal o “esquema Ponzi” por el que Madoff fue condenado a 150 años de prisión. En España la célebre Baldomera Larra lo perpetró a finales del siglo XIX. Como bien decía Bastiat, ningún Estado fue a la cárcel por hacer lo mismo.

Una vez montado este sistema de doble expropiación, que priva de sus ahorros tanto a los trabajadores como a los pensionistas, resulta que el sistema no funciona y no brinda a los jubilados la pensión digna que les prometió, y que podrían haber cobrado si, en vez de cotizar a la Seguridad Social, lo hubiesen hecho a un sistema privado de pensiones, que funciona bien en Chile. Sí, sí que funciona, a pesar de las mentiras que cuentan los enemigos de los trabajadores.

Cuando el sistema público fracasa, los políticos, los mismos que montaron la estafa, actúan como si la cosa no fuera con ellos. Le echan la culpa a la demografía, por ejemplo, que no tendría importancia si cada uno ahorrara para su propia jubilación.

Ahí entran los supuestos “debates” sobre la “sostenibilidad” de las pensiones. Otra vez, puro camelo. Sólo tratan de preservar la sostenibilidad del propio sistema que han montado, a través de bulos como los pactos de Estado. Mi amigo Rafael Termes decía que el Pacto de Toledo era un pacto de silencio para no contarles a los pensionistas la verdad sobre las pensiones.

Conviene denunciar esta estafa y acabar con ella, no “complementarla” con fondos privados, a los que además los políticos desincentivan recortando la desgravación en el IRPF. Podemos e IU, en una nueva muestra de su odio al pueblo, han propuesto su supresión total.

La dignidad de las mujeres y los hombres libres exige que los pensionistas sean dueños de su pensión, y no siervos de la casta política. Lógicamente, ningún político apoya esta reforma. Por eso son casta.

Este artículo fue originalmente publicado en el ejemplar del mes de marzo de Revista 21 (España).