Los ‘pedristas’ del PSOE bloquean la reforma del Impuesto de Sociedades pactada con Bruselas

La fractura existente en el seno del PSOE respecto al liderazgo de Pedro Sánchez tendrá graves repercusiones para la economía española si el búnker inmovilista le gana la partida a aquellos que consideran que reducir el déficit público y responder a los compromisos fiscales alcanzados con Bruselas debe ser una prioridad. En el seno de la formación socialista existe un enfrentamiento a la hora de decidir si el partido votará a favor del decreto ley que el Gobierno aprobará para reformar del Impuesto de Sociedades con la que el Gobierno en funciones pretende reducir la brecha fiscal en 6.000 millones de euros este año.

Según han confirmado fuentes presentes en el debate que se abierto en el seno del PSOE, tras la confirmación de que el Gobierno aprobará la citada reforma mediante un decreto ley, los más cercanos al responsable de Economía del partido, Jordi Sevilla, consideran que la reforma puede ser convalidada en el Congreso con los votos del PSOE. Sin embargo, los más cercanos a Sánchez piensan que la mejor estrategia es oponerse a la modificación tributaria para asestar otro golpe al PP.

“Nos gusta la música y vemos posibilidades de respaldar la reforma, pero todavía no conocemos la letra”, explica uno de los defensores de convalidar el decreto ley, en referencia al hecho de que aún no han recibido el borrador del texto. Según ha podido saber este diario el Gobierno quiere aprobar el decreto ley en las próximas dos semanas y la fecha más probable es el Consejo de Ministros del 23 de septiembre.

Sin embargo, la otra facción socialista no lo ve tan claro. “Tenemos serias dudas de que la modificación pueda salir adelante, porque nosotros lo que reclamamos es una reforma integral del Impuesto de Sociedades para asegurar que las empresas paguen un tipo mínimo y se eliminen las bonificaciones y, en preincipio, la intención del Gobierno es limitarse a legislar sobre el pago fraccionado, lo que supone un parche y perder la oportunidad de hacer una reforma del tributo de calado”, señala a OKDIARIO un diputado del PSOE.

Aunque desde el PSOE se indique que todavía no existe un documento en el que se desglosen los detalles de la reforma, el Gobierno ha trasladado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef) el nuevo tipo superará el 20% y tendrá carácter permanente. Si no se pone en marcha en los próximos meses el déficit público escalará al 4,7% del PIB, frente al 4,6% pactado con Bruselas en su última revisión del calendario ofrecido a España.

Tras la aprobación y publicación del decreto ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días para que sea convalidado, tal como establece el artículo 86 de la Constitución. Una vez que se fije una fecha, se elaborará un orden del día para el Pleno del Congreso, en el que se incluya la propuesta y, tras el debate pertinente, se procederá a la votación. Para que sea convalidado deberá ser respaldado por la mayoría simple de la Cámara.

Esto supone que la situación será similar a la del debate de investidura, ya que el arco parlamentario tendrá la misma composición que no permitió a Mariano Rajoy recabar los suficientes apoyos para ser presidente del Gobierno. La diferencia es que, en este caso, la capacidad para del PSOE para votar ‘no’ será limitada, ya que la reforma supone un castigo fiscal a las empresas, algo que va en línea con el programa económico del partido de Pedro Sánchez. De hecho, los socialistas prometieron expresamente durante la campaña elevar los impuestos a las empresas mediante una reforma del Impuesto de Sociedades, y eso es, justo, lo que pretende ahora el Gobierno en funciones.

En el caso de que el PSOE se niegue a apoyar la convalidación entonces deberán ser los partidos nacionalistas los que apoyen al Gobierno, porque en caso contrario el desfase fiscal rondará los 7.000 millones de euros para este año y España deberá afrontar las consecuencias de una multa o de la congelación de fondos estructurales por un importe de más de 6.300 millones de euros. En ambos casos se producirá una reducción del dinero del que dispondrán los gobiernos regionales, por lo que votar en contra del decreto ley será tirar piedras sobre el propio tejado de los presidentes autonómicos socialistas.