Es oficial: el giro en la declaración de la renta para ahorrar miles de euros

• Pedro Antolinos @pedroantolinos
• Periodista. Redactor de deportes y la Comunidad Valenciana.
• • 17/02/2025 07:30
  • Actualizado: 17/02/2025 08:03

Las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán disfrutar de una serie de beneficios en la declaración de renta que arranca el miércoles 2 de abril. Hasta el 30 de junio de 2025, millones de españoles tendrán la obligación de presentar el ejercicio correspondiente al IRPF de 2024 y entre ellos están las personas con discapacidad que cumplan con los criterios de ingresos anuales mínimos. Este grupo de la población también podrá disfrutar de otra serie de beneficios fiscales.

A efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la consideración de personas con discapacidad los que puedan acreditar un grado igual o superior al 33%. Esto se tendrá que verificar mediante un certificado expedido por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales o el órgano competente de las comunidades autónomas. Las personas a las que les sea acreditado este grado de discapacidad podrán ahorrarse unos euros en la declaración de la renta y también tendrán una serie de beneficios fiscales.

En lo que respecta a la declaración de la renta, campaña que se abre el próximo miércoles 2 de abril hasta el 30 de junio, las personas con una discapacidad igual o superior al 33% tendrán una reducción por discapacidad de trabajadores activos de 3.500 euros. Esta cantidad aumentará hasta los 7.750 euros para los que acrediten movilidad reducida o necesidad de ayuda de terceras personas para valerse en el día a día. Para poder acceder a estas deducciones en la declaración de la renta, se tendrán que cumplir dos requisitos: tener el grado de discapacidad exigido y ser trabajador en activo.

Las personas que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33% también podrán desgravarse hasta 12.080 euros si realizan unas obras en su vivienda con el objetivo de adaptarla a una persona con discapacidad. También habrá otra deducción extra de 1.200 euros para las personas que tengan un cónyuge, descendiente o ascendiente con discapacidad.

Otros beneficios fiscales

Además de lo relativo al IRPF, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% también tendrán una serie de beneficios fiscales. De primeras, en caso de cumplir con los requisitos, podrán acceder a una pensión contributiva de incapacidad permanente que puede ser parcial, total, absoluta y de gran invalidez.

Según deja claro la Seguridad Social en su página web, esta pensión «reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral». Los que no cumplan con una cotización mínima de 15 años y el grado de discapacidad supere el 65% también podrán beneficiarse de una pensión no contributiva de invalidez que está fijada en 7.905,80 euros en 14 pagas en 2025.

Además de las pensiones que ofrece el Estado, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% podrán disfrutar de un IVA reducido al 4% para la adquisición y adaptación de vehículos a motor dedicados al transporte de personas con discapacidad, la adquisición de silla de ruedas y las prótesis, ortesis u otros implantes. En lo que respecta al mercado laboral, en la administración pública se tendrá que reservar un 7% para las personas con discapacidad y las empresas privadas formadas por más de 50 trabajadores tienen la obligación de guardar el 2% para las personas que tengan un grado igual o superior al 33%.

Las personas con discapacidad también tendrán una serie de beneficios a la hora de acceder a una vivienda. Por ello, el Plan Estatal de acceso a la vivienda tiene como objetivo «fomentar la promoción de viviendas o de su rehabilitación para destinarlas durante un plazo mínimo de 40 años al alquiler o la cesión de uso para personas mayores o con discapacidad, disponiendo de instalaciones y servicios comunes adaptados».

Todas estas iniciativas se basan en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que tiene la misión de equiparar a las personas con discapacidad con el resto de la población y por ello aporta una serie de «prestaciones sociales y económicas, la protección de la salud, la atención integral, la educación, la autonomía, el derecho al trabajo, la protección social o la participación en los distintos aspectos de la vida de la comunidad».