Nuevo golpe a las renovables de Ribera tras perder el juicio con Renergy: España debe casi 2.000 millones

• Benjamín Santamaría @benjaefe
• Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.
• • 24/08/2024 06:45
  • Actualizado: 24/08/2024 06:45

La energética italiana Renergy vence a España en los tribunales y obliga al país a pagar una compensación de 152 millones de euros. El caso se engloba dentro de la guerra del Gobierno contra los inversores afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables. Así, la deuda española acumulada con estas empresas se acerca fríamente a los 2.000 millones de euros, entre otras cosas, porque Teresa Ribera se está negando a aceptar los pactos para abonar las sentencias en las que España está siendo declarada culpable. Y el coste va en aumento.

El laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, en el caso de Renergy contra España, emitido en mayo de 2022, determinó que España debía indemnizar a la empresa con 32,9 millones de euros.

Esta decisión se produjo después de que Renergy, junto a otras empresas y miles de familias, sufrieran cambios retroactivos en las primas renovables, lo que generó una significativa inseguridad jurídica.

Sin embargo, el Gobierno socialista se ha negado a cumplir con el dictamen, alargándose el proceso hasta agosto de 2024 tras un pedido de anulación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Renergy vence a España

A pesar de los esfuerzos de la Abogacía del Estado para anular el laudo y argumentar que el Ciadi no tenía competencia en el caso, el tribunal concluyó que España, como firmante del Tratado de la Carta de la Energía, estaba obligada a cumplir con los compromisos internacionales que protegen a los inversores.

Renergy inició su denuncia contra España en 2014, enfrentando una espera de diez años en medio de una situación de inseguridad jurídica. Este caso refleja la situación de más de 65.000 familias y alrededor de 50 empresas internacionales que han denunciado a España por motivos similares.

De esos 50 casos, 26 ya han recibido laudos favorables a los inversores, acumulando un total de 1.562 millones de euros en indemnizaciones. A esta cifra se suman 318 millones adicionales en costas judiciales, intereses de demora, y honorarios legales, lo que eleva la factura total a más de 1.878 millones de euros. Además, esta cantidad continúa aumentando a un ritmo cercano a los 100.000 euros diarios debido a los impagos del gobierno español.

España se ha convertido en uno de los principales países en incumplimientos de sentencias de arbitraje, superando incluso a Venezuela y Rusia en este aspecto.

Debido a estos impagos, las empresas afectadas han comenzado a registrar los laudos en terceros países, solicitando a las cortes de esos lugares que intervengan y tomen medidas para asegurar el cumplimiento de las sentencias, incluyendo embargos de activos españoles en el extranjero.

En el Reino Unido, por ejemplo, los tribunales han autorizado el embargo de bienes, incluyendo propiedades como la sede del Instituto Cervantes en Londres y el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton.

Otros países, como Australia, Bélgica, Estados Unidos, Alemania y Suiza, también han fallado en contra de España, apoyando a los denunciantes y allanando el camino para posibles embargos adicionales.

Las empresas afectadas instan a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a resolver la situación mediante un acuerdo que ponga fin a los impagos, detenga la creciente litigiosidad y permita reactivar la inversión en energías renovables en España.

La situación actual no solo perjudica la seguridad jurídica, sino que también pone en riesgo la reputación internacional de España y su capacidad para atraer futuras inversiones.

Origen del problema

El origen de este problema se remonta a la etapa en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Su ministro de Industria, Miguel Sebastián, aprobó en mayo de 2007 dar una prima del 25% a las inversiones en energías renovables para potenciar el uso y la expansión en el país de la energía verde. Un 25% de retorno a todos los inversores.

Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, en 2012, y para hacer frente a la grave crisis económica que heredó de Zapatero, decidió rebajar unilateralmente esas primas del 25% al 7%. Los fondos que invirtieron en España iniciaron entonces una batalla en el Ciadi, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para reclamar a España por el golpe a sus inversiones.

Muchos de ellos han conseguido ganar esos arbitrajes en el Ciadi, que obliga a los Estados a cumplir con sus resoluciones. Sin embargo, Teresa Ribera ha decidido seguir la estrategia judicial de no pagar esos arbitrajes apoyándose en resoluciones de la Unión Europea.

La contestación de estos fondos fue acudir a los juzgados ordinarios para reclamar su dinero, estrategia que les está saliendo bien porque ya hay jueces de países como Reino Unido, Australia, Bélgica, Alemania y, probablemente dentro de poco, también Estados Unidos, que han sentenciado contra España.