Montero miente: dice que no puede bajar el impuesto de los carburantes mientras Portugal sí lo hace

Desde el inicio de la crisis energética, el Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que no podía tocar la fiscalidad de los carburantes porque la legislación europea se lo impide. No obstante, Portugal ya ha conseguido mitigar los efectos derivados de la subida de los precios en las gasolineras en sus ciudadanos con una rebaja fiscal al conseguir el beneplácito de la Unión Europea para aplicar tipos reducidos al impuesto especial al gasóleo y a la gasolina sin plomo utilizados como carburante de automoción. Una situación que evidencia que desde Moncloa vuelven a mentir, ya que sí que existe la posibilidad de rebajar los tipos impositivos de los combustibles consultando a Bruselas y que los españoles paguen menos por llenar su depósito, eso sí, recaudando menos.

Así lo refleja la decisión de Ejecución 2022/1662 del Consejo de la Unión Europea (UE), documento al que ha tenido acceso este diario, que confirma la autorización a Portugal de la aplicación de tipos reducidos al impuesto especial al carburante, esto es al gasóleo y a la gasolina sin plomo, utilizados para la automoción, tal como se solicitó el pasado 2 de mayo de 2022.

«Según las autoridades portuguesas, la aplicación de un tipo impositivo reducido tiene por objeto atenuar las repercusiones sociales y económicas de los elevados precios minoristas del carburante derivados de la situación geopolítica, y que tienen una incidencia directa tanto en los hogares como en las empresas. La medida tiene por objeto satisfacer las necesidades cotidianas asociadas al consumo de carburantes de automoción, contribuyendo a reducir el impacto del aumento de los precios minoristas», reza el documento del Diario Oficial de la Unión Europea (UE).

No afecta a la competencia

Además, desde Bruselas no ven que esta autorización falsee la competencia u obstaculice el buen funcionamiento del mercado interior. «Dada la corta duración de la medida y la excepcionalidad de las circunstancias vinculadas con la situación geopolítica, unidas a unos precios de mercado excepcionalmente elevados del petróleo crudo, la excepción solicitada parece adecuada y proporcionada», señalan.

«La autorización logra un equilibrio entre los objetivos políticos específicos a que se refiere el artículo 19, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 2003/96/CE, en particular, la política medioambiental de la Unión, y la urgencia imperiosa de garantizar la asequibilidad de la energía en favor de las empresas y los hogares. La reducción impositiva compensaría parcialmente el aumento de los costes energéticos y no es acumulativa con ningún otro tipo de reducción fiscal», añaden la citada autoridad europea.

Una medida a la que Bruselas pone una única condición: que esté limitada en el tiempo.

Hacienda se cierra en banda

Mientras, el Ejecutivo considera que no puede rebajar el IVA o el impuesto a los hidrocarburos porque debería contar con el beneplácito de la Unión Europea; sin embargo, otros países como Portugal, Italia o Francia ya han implantado nuevas leyes para que los consumidores paguen menos y hacer frente a los efectos derivados de la crisis energética. Lo que sí que se planteó desde el Palacio de la Moncloa fue la puesta en marcha de una rebaja fiscal para los autónomos y las empresas del sector del transporte. Idea que rápidamente se convirtió en papel mojado.