Economía
Macroeconomía

Montero avanza que el déficit cerró 2020 en torno al 11,3% del PIB

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado que el déficit público cerró 2020 conforme a la estimación prevista de «en torno al 11,3% del PIB», con una caída de los ingresos públicos próxima al 7,6% como consecuencia de la crisis del coronavirus. Así lo ha señalado la socialista en una entrevista, en la que ha señalado que aunque el Ejecutivo trabajará por la consolidación fiscal, continuará con políticas «anticíclicas» y confía en contar con unos Presupuestos de nuevo «expansivos» en 2022, postergando el plan de ajuste a cuando haya recuperación y «lo exija la Comisión Europea».

La titular de Hacienda ha afirmado que las cifras previstas por el Gobierno de déficit público y caída de recaudación se situarán en los entornos estimados, si bien a lo largo del mes de enero se tendrá una aproximación más clara, una vez se cierre la contabilidad y las comunidades autónomas y entidades locales informen sobre sus finanzas públicas.

Montero ha subrayado que el Gobierno «nunca» ha abandonado la senda de consolidación fiscal y ha recordado que para el año 2021 está prevista la mayor caída en términos de porcentaje de déficit registrada en un solo ejercicio, de en torno a 3 puntos, pasando del 11,3% del PIB al 7,7% del PIB, tras haber sido «prudentes» en la elaboración de las cuentas públicas.

De hecho, ha dicho en una entrevista a Europa Press esperar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del ejercicio 2022 sean también «expansivos», como los de este año, aunque ha recordado que por ahora la Comisión Europea (CE) no ha anunciado ningún compromiso al respecto de una posible nueva suspensión de las reglas fiscales ese año.

De esta forma, ha aplazado el plan de reequilibrio cuyo diseño vienen demandando instituciones como la AIReF o el Banco de España a cuando «las circunstancias económicas así lo aconsejen y cuando Bruselas lo plantee», con el fin de continuar con la senda de consolidación fiscal. «Tiempo habrá», ha dicho.

Financiación autonómica

La portavoz del Gobierno se ha referido también a la reforma del sistema de financiación autonómica, que será una «prioridad» del Gobierno para 2021 y cuyos trabajos podrían iniciarse a partir del mes de febrero, con el fin de abordar la «infrafinanciación» de algunas regiones, pero ha avisado de que el Ejecutivo garantizará cierta «armonización» fiscal para garantizar unos recursos por habitantes suficientes que permitan una buena provisión de servicios públicos.

Así, ha asegurado que el sistema será «justo» con todos los territorios, si bien ha apostillado que «nunca» un sistema de financiación puede responder en su totalidad al requerimiento de un territorio en concreto, porque iría en detrimento de otro, por lo que hay que buscar un «común denominador» para que «todos» reciban recursos adecuados y «no convertir el debate de la financiación autonómica en uno de agravios territoriales».

En ese punto, ha denunciado las «campañas interesadas de cuestionamiento» de determinadas figuras tributarias, como Sucesiones y Donaciones o Patrimonio para deteriorarlas en la percepción social «casualmente» cuando esas figuras están vinculadas a la riqueza y «curiosamente» cuando afecta a un menor volumen de ciudadanos, utilizando «falsedades» como que se paga dos veces por el mismo hecho imponible.

A su juicio, España y la sociedad necesitan una «reflexión» sobre las figuras tributarias más adecuadas para gravar la riqueza, por lo que ha abogado por «legitimar aquello que permite ser más iguales» y por preservar la justicia fiscal.

A expensas de contar con la opinión del comité de expertos que designará el Gobierno para evaluar el sistema tributario y acometer la reforma fiscal en profundidad, ha vuelto a defender que «no tiene sentido» que figuras como Sucesiones y Donaciones registren una diferencia «tan obvia» respecto a otros territorios.

«Equilibrio»

En este sentido, ha adelantado que se establecerán «horquillas razonables», pero no «idénticas ni absolutamente miméticas», para lograr un «Estado de bienestar razonable respetando la autonomía de cada comunidad». En su opinión, el «equilibrio» se rompió cuando algunas comunidades dejaron «prácticamente nulas» figuras tributarias como Patrimonio o Sucesiones, en referencia a la Comunidad de Madrid, lo que dejó estos tributos como algo «testimonial» y provocó una «suerte de desequilibrio en el resto de comunidades autónomas.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido la titular de Hacienda.

Estas, «con menos capacidad recaudatoria por una menor renta por habitante o por no tener sedes fiscales, se ven obligadas para tener una misma recaudación se ven obligadas a subir mucho la presión fiscal o a renunciar a un volumen de recursos para que no se vayan a otras capitales o poder fidelizar a sus habitantes», ha añadido.