El Ministerio de Hacienda no compensará a los ayuntamientos por el cambio en el impuesto de plusvalía

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este jueves la posibilidad de compensar a los ayuntamientos por la posible pérdida de recaudación derivada de los cambios que ha realizado el Gobierno en el impuesto de la plusvalía, tributo municipal que se paga por la venta, donación o herencia de un inmueble.

El pasado 8 de noviembre se aprobó el nuevo impuesto que permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real o por la resultante de aplicar el sistema objetivo. Así, el contribuyente estará exento de pagar este tributo cuando la venta de un terreno o inmueble no reporte ganancia alguna.La reforma del tributo fue aprobada por decreto-ley, después de que el Tribunal Constitucional anulara en sentencia del 26 de octubre el método de cálculo por considerarlo inconstitucional.

Este jueves Montero ha asegurado que menos de la mitad de los ayuntamientos aplican este tributo y entre los que lo cobran, los ingresos obtenidos por él suponen menos del 3 % del total, según informa Efe. Por otro lado, la ministra ha criticado que los alcaldes que consideraban «injusto y confiscatorio» el método de cálculo de la plusvalía «reclaman ahora al Gobierno» que les compense por lo que van a dejar de recaudar al «corregir las deficiencias del impuesto de las que se quejaban».

Solicitud de los ayuntamientos

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó a finales de noviembre una convocatoria urgente de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) para trasladar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la demanda de un fondo compensatorio por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto de plusvalías.

Así lo acordó la federación municipalista en una reunión extraordinaria de su Junta de Gobierno, donde se planteó que ese fondo se calcule en «pasado, presente y futuro», según explicó el presidente de la FEMP, Abel Caballero, e incluya la minoración de la recaudación de muchos ayuntamientos que, ya antes de la sentencia del Supremo, no venían realizando cobros de este impuesto.

Según la patronal, esto es la cantidad no recibida entre la emisión de la sentencia y la entrada en vigor del decreto aprobado por el Gobierno, y la cifra que dejarán de recaudar en el futuro con la aplicación de la nueva norma. Los cálculos de esas cantidades se realizarán con la utilización de una metodología común para todos los Gobiernos locales que se elaborará y planteará desde la FEMP.