Más de 10.000 millones de euros vuelan de las arcas públicas cada año a paraísos fiscales

Calibrar el dinero que los ciudadanos de un país tienen escondido en paraísos fiscales es igual de difícil que estimar a qué porcentaje del PIB equivale su economía sumergida. Sin embargo, hay aproximaciones que nos pueden valer.

En la UE se estima que estos refugios hacen perder al año entre 50.000 y 70.000 millones de euros en impuestos no pagados en los lugares que les correspondería. De hecho, tanto la OCDE como el G20 pusieron en marcha un programa denominado BEPS (que traducido del inglés significa Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios).

Con estas rimbombantes siglas se trataba de justificar cómo es posible que en las actividades económicas transnacionales, la interacción entre distintos sistemas impositivos nacionales puede derivar en la imposición por parte de más de una jurisdicción o incluso en la doble imposición.

Tras este trabalenguas lo que se esconde es que precisamente para evitar esto había quien conseguía poner la ley de su parte y no pagar en ninguno de los dos sitios, bien porque no abonaba los impuestos en ninguno de los dos países o bien porque hacía desaparecer los beneficios a efectos fiscales.

Esta realidad, conocida por la OCDE hace que el llamado fenómeno BEPS afecte a entre un 4% y un 10% de la recaudación del impuesto sobre sociedades (el CIT), lo que viene a representar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares estadounidenses al año.

Si quieren que nos centremos en nuestro país, los fondos de apellido español que declaran estar en paraísos fiscales no llegan a los 3.000 millones de euros.

Pero las estimaciones que han llevado a cabo la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda sitúan en 10.000 millones de euros al año lo que la Agencia Tributaria deja de recaudar en España por esta ocultación de dinero en paraísos fiscales. Por este motivo, desde la OCDE se puso en marcha el programa BEPS hace solo medio año para tratar de mejorar la coherencia de los impuestos internacionales, reforzar su focalización en la sustancia económica y garantizar un entorno fiscal de mayor transparencia.

Sólo si se cambian los convenios tributarios bilaterales incluyendo un estándar mínimo para que evite buscar el tratado más favorable o revisar las normas sobre el traslado de beneficios pero si existe un instrumento multilateral que aplique estas medidas, se podrá negociar entre los países en  un plano de igualdad. Ahora hay 90 Estados que han suscrito este compromiso que se va a desarrollar a lo largo de este año.

Por este motivo, varias ONG han denunciado que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes y no evitarán que grandes multinacionales sigan aplicando estas prácticas perversas. Estas organizaciones quieren que las empresas desvelen el listado de países en los que pagan sus impuestos. Que deberían ser acordes a los ingresos que obtienen de los diferentes países. Se paga impuestos allá donde se genera el ingreso, por buscar una frase que defina todo esto.

En la actualidad, la lista española de paraísos fiscales incluye a los siguientes Estados: Islas Marianas, Reino Hachemita de Jordania, Bermuda, Mauricio, República Libanesa, Islas Caimanes, Montserrat, República de Liberia, Emirato de Bahréin, Islas Cook, República de Nauru, Liechtenstein, Brunei, República de Dominica, Islas Salomón, Granada, San Vicente y Granadinas, Macao, Fiji, Santa Lucía, Mónaco, Gibraltar, Islas de Guernesey y Jersey, Sultanato de Omán, Islas Turks y Caicos, Anguilla, República de Vanuatu, Antigua y Barbuda, Islas Malvinas y Vírgenes Británicas, República de Seychelles, Isla de Man e Islas Vírgenes de Estados Unidos.