Maroto asegura que el Gobierno «trabaja en todas las alternativas» para Alcoa y no descarta una intervención

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que el Gobierno central verá «cuáles son los siguientes pasos» a dar con respecto a la planta de Alcoa San Cibrao, en Cervo (Lugo), una vez se pronuncie el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre las medidas cautelares solicitadas por el comité de empresa frente al expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a más de 500 trabajadores.

En una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, la ministra ha comprometido que el Ejecutivo estatal «sigue trabajando en todas las alternativas» para la fábrica de aluminio, por lo que no se descarta una intervención, toda vez que ya hubo un ofrecimiento por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que la multinacional rechazó.

«El Gobierno está aquí para mantener los puestos de trabajo y las capacidades productivas. Esa planta es estratégica, es la única de aluminio primario en toda España y, como estratégica que es, lo son sus puestos de trabajo», ha recalcado.

En este sentido, ha comprometido que lo que dicte el alto tribunal gallego será clave también para convocar la próxima mesa multilateral sobre el conflicto en la planta de San Cibrao. «Y tendremos ahí ya los argumentos para ver cuáles serán los siguientes pasos», ha añadido.

La «mala fe» de alcoa

Para la ministra de Industria, ha quedado demostrado que Alcoa «ha actuado de mala fe durante todo el proceso», por lo que le ha advertido de que tendrá que devolver al Estado los «50 millones de euros» recibidos en ayudas públicas.

«Les hemos hecho el requerimiento, nos han contestado. Ahora está la Abogacía del Estado analizando si están suficientemente justificadas y, en los próximos días, haremos público si las tienen que devolver o no», ha avanzado Maroto, quien también ha dicho «confiar» en que la multinacional tendrá «dificultades» para justificar esas subvenciones porque el decreto que las regulaba «exige el mantenimiento del empleo».

En cualquier caso, ha garantizado que el Estado mantendrá el diálogo para que la empresa «dé marcha atrás»: «Alcoa se equivocó al no aceptar una compra triangular, es algo que todos compartimos, y seguimos con un diálogo con la multinacional trasladándole las distintas opciones. Porque ellos también ganan si esa planta se mantiene».

No en vano, Maroto ha dicho que «la transición hacia un proyecto de futuro» como el presentado por Liberty House «es una manera mejor de dejar esa planta en las mismas condiciones en las que la adquirió».