Luis Planas propondrá este miércoles en Bruselas medidas para hacer frente a los aranceles de Trump

España propondrá este miércoles a los comisarios de Agricultura, Phil Hogan, y a la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, medidas para hacer frente al impacto del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 25% a los productos agrícolas.

En concreto, el ministro en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitará este miércoles a su homólogo comunitario, en nombre del sector y del Ejecutivo español, que se active el almacenamiento privado del aceite de oliva, que supone la financiación por parte de la Unión Europea de los costes de almacenaje y financieros.

En este sentido, ha resaltado que las circunstancias excepcionales para activar este mecanismo están «plenamente justificadas», al no haberse alcanzado los umbrales de referencia.

Asimismo, Planas trasladará a Hogan la necesidad de tener en cuenta, como ocurrió con la crisis rusa, de activar la OCM de mercados agrarios en relación con los posibles perjuicios que pueda sufrir algún sector o subsector por la situación creada por los aranceles de Trump.

Otra de las medidas, según ha explicado Planas tras su reunión con el sector afectado, será la puesta en marcha de acciones promocionales que permitan quedarse en el mercado norteamericano y lograr mercados terceros.

«Estados Unidos es un mercado importante, pero también un gran escaparate internacional para otros países y yo como ministro me siento muy orgulloso y quiero decir en voz alta que todos los agricultores, ganaderos, productores españoles y la industria agroalimentaria se ha ganado día a día una presencia en todos los mercados internacionales y particularmente en Estados Unidos en los últimos diez años que ha sido impresionante», ha resaltado.

Asimismo, Planas ha reiterado que España está en contacto con los otros países miembros del consorcio Airbus (Reino Unido, Alemania y Francia) con el fin de unificar los puntos de vista y establecer una posición «sólida», respaldada por las comunidades autónomas y el sector agroalimentario español.