Litigios, impagos a trabajadores y 13 millones en deuda bancaria: colapsa otra mina española en Guadalajara

La minería en España sigue envuelta en problemas financieros. Caobar, otra sociedad minera en España ubicada en el pueblo de Taracena (Guadalajara) está en concurso de acreedores y arrastra deudas millonarias con su plantilla, la banca española, proveedores, y el propio Ministerio de Asuntos Económicos.

La compañía, —en manos de dueños valencianos—, lleva más de 60 años extrayendo caolín, un mineral blanco apodado la «arcilla china» por su abundancia en China. Ahora, la deuda de la sociedad asciende a 26 millones de euros, que se suma a los ocho causas judiciales a la que se encara la empresa, cuatro de ellos demandas de los propios empleados.

En total, la compañía tiene impagos pendientes con cerca de 200 acreedores. Entre ellos, 17 de los acreedores son de la banca. Los prestamistas que concedieron préstamos a la sociedad implica a los grandes jugadores de la banca española: Santander (6,3 millones), Bankinter (2,8 millones), Deutsche Bank (2,6 millones) y BBVA (2,3 millones), entre otros bancos regionales.

La compañía ha explicado que «el origen principal de las dificultades económicas sufridas por Caobar nacen a mediados del 2023, cuando surgen inconvenientes de envergadura», según los documentos del concurso obtenidos por este periódico. Además, solo 830.451 euros de ese total de dinero

Los problemas financieros que ha afrontado Caobar han llevado la empresa a llevar a cabo tres Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTEs) mientras intentaban sacar adelante un plan de reestructuración y hacer frente a los impagos.

Estos ERTEs, según denuncian desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha dejado a la mayoría de sus trabajadores de su plantilla de 86 trabajadores en un limbo laboral. Hasta la fecha, la compañía sólo tiene a 21 empleados tras los ERTEs.

Además, Caobar ha acusado a la banca de sabotear su plan de reestructuración dentro de su petición de concurso. La compañía alega que algunos prestamistas se demoraron en firmar los acuerdos bilaterales y que la CIRBE continuó marcándolo como alto riesgo, lo que puso en jaque la reestructuración.

En este sentido, la empresa no pudo descontar facturas, la única fuente de ingresos, lo que convirtió el rescate en un desliz rápido hacia la quiebra. Esto dejó a la compañía con cerca de 2,3 millones en pagos pendientes, según los documentos concursales.