Las leyes verdes de Bruselas ‘roban’ casi 90 días de trabajo al año a los pescadores españoles del Mediterráneo

Cuando en febrero del año pasado la Comisión Europea presentó su Visión para la Agricultura, el documento llamado a sentar las bases de la política agrícola de la UE para los próximos años, los agricultores del Viejo Continente reaccionaron con satisfacción —aunque fuera cautelosa— ante lo que parecía el primer intento serio por parte de Bruselas de reducir las exigentes imposiciones medioambientales y las farragosas trabas burocráticas que enfrenta el sector; por fin parecía que la doctrina política empezaba a inclinarse más a favor de los intereses de la economía productiva en detrimento del ecologismo de máximos que trajo el Pacto Verde Europeo, firmado durante la primera legislatura de Ursula von der Leyen.

En parte por eso, las expectativas en cuanto a la Visión 2040 para la Pesca y la Acuicultura —el equivalente para la industria pesquera— estaban altas, pero lo cierto es que el texto publicado el pasado 20 de octubre ha dejado al sector más bien frío cuando no irritado. Según explica a OKDIARIO Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), el documento reconoce los problemas que enfrentan —envejecimiento, abandono de flotas, falta de rentabilidad…—, pero no ofrece soluciones lo suficientemente concretas.

Las carencias de la Visión son muchas, pero para los pescadores españoles la más grave es la ausencia de un compromiso para revisar la Política Pesquera Común (PPC) aprobada en 2013 de cara a eliminar las exigencias medioambientales que se impusieron entonces y que han quedado desfasadas.

En ningún lugar este problema es tan evidente como en el Mediterráneo occidental, una región en la que, año a año, el Ejecutivo comunitario ha ido reduciendo el número de días autorizados de faena hasta el punto de poner en jaque las economías de las comunidades costeras de los Estados del sur. Como su nombre indica, los días autorizados de pesca no son más que el número de jornadas al año en las que los buques europeos pueden hacerse a la mar, un límite que se fija anualmente en función del estado de conservación de los recursos marinos y tras una negociación entre Bruselas y los Estados miembros.

El caso es que los armadores del Mediterráneo occidental piden a gritos una reforma de la PPC y, más concretamente, del plan plurianual aprobado en 2019 —en la legislación comunitaria, los planes plurianuales establecen las normas para cada zona marítima durante un período concreto previamente tasado—, que es tan restrictivo que se ha traducido en un recorte del 40% en las posibilidades de pesca.

Así, si en 2019 la flota española de arrastre podía trabajar 230 días al año, este 2026 la media ha caído hasta las 143 jornadas (87 menos). Y esto nos recuerda a Garat, a pesar de que la propia Visión 2040 reconoce que las poblaciones de peces en la región se han recuperado.

El problema, explica el secretario general de Cepesca, está en el modo en que la Comisión decide cuántas jornadas al año se puede faenar, pues lo hace a partir de un informe científico que toma como referencia la especie que se encuentra en un estado de conservación menos favorable. En su afán cientifista, a veces Bruselas ha caído en el ridículo, como sucedió en diciembre de 2025 cuando propuso que los pescadores del Mediterráneo contaran únicamente con nueve días autorizados para todo 2026. La propuesta era tan necia que el ministro de Agricultura español, Luis Planas, dijo que parecía una idea propia “de otro planeta”.

Afortunadamente, los Estados miembros corrigieron el texto de la Comisión durante el proceso de negociación en el seno del Consejo Europeo, pero aun así, el resultado final no ha satisfecho al sector. Según explica Javier Garat, los pescadores necesitan una revisión tanto del plan plurianual como de la PPC, una que tome en consideración todas las inversiones que han hecho en estos años los armadores para proteger las especies y que relaje la normativa de las llamadas medidas de compensación, que son todas aquellas iniciativas que pueden tomar los buques —como usar redes que no dañen el fondo marino— para ganar tiempo de faena a cambio de ser proactivos en la conservación del medio.

En esta guerra, los armadores cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo, que el pasado 12 de octubre aprobó una resolución —no vinculante— en la que instaba a la Comisión a suavizar las reglas «siempre que la ciencia lo justifique» y a revisar el marco legal antes del próximo uno de diciembre.

Está por ver cómo reacciona el equipo de Ursula von der Leyen y si en su opinión acaba pesando más el afán por aferrarse a un procedimiento de toma de decisión que ha quedado desfasado o las necesidades del sector. Desde 2013, la flota española ha pasado de 9.871 buques a 8.324 y la antigüedad media de esas naves llega ya a 37 años. Así se explica, en fin, que la UE produzca solamente el 38% del pescado que consume.