Economía
Para afrontar sus posibles responsabilidades

La jueza no acepta las pólizas del expresidente y el exCEO de Abengoa

Nuevo revés judicial para el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea y el que fuera consejero delegado de la empresa Manuel Sánchez Ortega. Ambos directivos presentaron unas pólizas que les cubrían ante posibles demandas judiciales en el ejercicio de su cargo.

Carmen Lamela Díaz, jueza del Juzgado Central de Instrucción número 3, consultó a la Fiscalía si estas pólizas podían valer para afrontar la devolución de las indemnizaciones percibidas por Benjumea y Sánchez (11,5 y 4,5 millones de euros respectivamente) para cubrir la fianza impuesta por la magistrada.

Si no pagan la jueza procederá contra sus bienes

Lamela ha decidido rechazar dichos seguros y exige que el expresidente y el exCEO consignen estos casi 16 millones de euros en las próximas 24 horas. Ante esta decisión los afectados pueden interponer un recurso de reforma en tres días o apelar dicha decisión en  los próximos cinco días.

«La póliza suscrita por Abengoa y las compañías aseguradoras podría garantizar las indemnizaciones que pudieran declararse procedentes respecto a terceros perjudicados, pero nunca garantizaría la pérdida sufrida por la propia Abengoa», argumenta la jueza.

En sus autos, la jueza señala que los delitos de administración desleal y uso de información privilegiada por los que fue admitida la querella son dolosos. Y por tanto, «la responsabilidad civil nacida de un hecho intencionado ha de repercutir finalmente en el asegurado».

Para la jueza, en este caso se ha producido «un perjuicio económicamente evaluable a la sociedad administrada mediante la estipulación de negocios jurídicos», en la que además ha concurrido un «abuso de la condición de administrador».

El auto también aclara que el pago del impuesto correspondiente a las fianzas debe ser soportado por el sujeto pasivo, en este caso Benjumea y Sánchez Ortega, y no por Abengoa.

Lamela ya informó de que si no se abonan estas fianzas se procederá a la adopción de medidas cautelares sobres los bienes de los dos directivos de la empresa sevillana.