El juez cita como testigos a dos nuevos inspectores del BCE por el Banco Popular
El juez propone prorrogar otros seis meses la instrucción de Banco Popular que quería cerrar en 2021
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como testigos a dos nuevos inspectores del Banco Central Europeo (BCE) que intervinieron en la supervisión del Banco Popular, tras los dos que comparecieron a mediados de diciembre. Serán las primeras actuaciones que practique tras la prórroga que ha planteado para la instrucción, como adelantó OKDIARIO.
En un auto fechado este martes, el magistrado que investiga a los dos últimos equipos directivos de la entidad antes de su resolución cita el 24 de febrero al inspector Manuel Caro Jiménez, y el 3 de marzo a Jesús Fernando Martínez Usano.
Para ello solicita al BCE que suspenda su inmunidad y les autorice a revelar la información -suspendiendo su secreto profesional- que como coordinadores del equipo de supervisión del Banco Popular obtuvieron en el ejercicio de sus funciones profesionales, al igual que hizo con los otros dos inspectores que ya declararon.
Manuel Caro Jiménez, señala el juez en su auto, fue a partir de noviembre de 2014 subcoordinador del equipo de inspección en el Banco Popular, por lo que su testimonio puede ayudar a aclarar si existió «un déficit oculto de provisiones en la cartera de créditos refinanciados», el denominado entramado de Thesan.
También, si se llevó a cabo una política de tasaciones inadecuada, especialmente en crédito promotor, con incidencia igualmente en las provisiones sobre la gobernanza del Banco Popular en materia de riesgo de crédito.
Por lo que respecta a la declaración de Martínez Usano, el juez insta su testimonio en su condición de jefe del equipo que llevó a cabo sendas inspecciones en el Popular sobre riesgo de crédito y sobre inmuebles.
La primera de ellas tuvo como objeto verificar la correcta clasificación contable y la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado, en tanto que la otra se ocupó de verificar la correcta clasificación contable de una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.
El titular del juzgado central de instrucción nº 4 solicita al BCE que suspenda la inmunidad de ambos para que puedan declarar, ya que «más de cuatro años -desde que se resolvió el banco- es difícil imaginar que dicho testimonio pueda dañar los intereses de la UE o del BCE».
Abundar en el agujero de las cuentas del Popular
El déficit de provisiones (comúnmente denominado «agujero») del Banco Popular se ha convertido en un detalle clave de la instrucción a raíz del informe de los peritos cedidos por el Banco de España, que advirtieron sobre «irregularidades contables» en la relación con la sociedad Thesan Capital y con los activos inmobiliarios.
En el mismo sentido se manifestó en sede judicial el que fuera coordinador del equipo de supervisión del BCE, (BCE), Ignacio Pardo, que admitió que en un documento de mediados de 2016 se avisó de un déficit de cobertura de 1.824 millones de euros.
Pardo aludió también a la relación entre el Popular y Thesan, que, según las acusaciones, pudo esconder un entramado de financiación irregular en Luxemburgo.
Sobre este punto, Pardo coincidió con el informe de los peritos cedidos por el Banco de España, que aseguraba que el Popular contabilizó desde 2012 de forma indebida las operaciones participadas por Thesan, por las que tendría que haber dotado 521 millones de euros más en provisiones.
La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, incluidos sus expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.
El magistrado abrió entonces dos líneas de investigación, la primera, precisamente por la ampliación de capital de 2016 en la etapa de Ron (a la que se refieren todas estas presuntas irregularidades), y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.
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