El juez amplía la investigación sobre el Popular hasta octubre de 2020

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 aumenta el límite de la instrucción por espacio de dieciocho meses que empezarán a transcurrir el próximo 3 de abril, fecha en la que concluye la prórroga inicial.

Entre los motivos a los que alude el magistrado se encuentra la cantidad de investigados y de inversores del Popular presentes en la causa y la necesidad de revisar la «gestión de personas jurídico-privadas o públicas» a través de un informe pericial que implica el examen de «abundante documentación o complicados análisis».

De esta última prueba dependen las declaraciones de los querellados, entre los que se encuentran los antiguos presidentes del banco, Ángel Ron y Emilio Saracho, pero también de los testigos.

El juez avala así el informe del fiscal del caso, Antonio Romeral, que pidió establecer un nuevo plazo dada la «indudable complejidad y laboriosidad» del peritaje, que «revisa la gestión de una de las principales entidades bancarias de España» y que «precisa del tiempo que se está empleando para su elaboración».

En junio de 2017, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ejecutó, a instancias de Europa, la resolución del Banco Popular, operación que amortizó a cero el valor de las acciones y que llevó a la compra de la entidad por parte del Santander.

Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, el juez Fernando Andreu, encargado del proceso antes de su marcha de la sala, admitió a trámite diversas querellas contra Ron, Saracho, sus respectivos consejos, PwC y su socio auditor, por presunta falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

Se abrieron entonces dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e informaciones supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.