El juez absuelve al Grupo Trébol del delito de tráfico ilegal de medicamentos

Los administradores de la cadena de farmacias Trébol han sido absueltos por el juzgado número 6 de Madrid del delito de tráfico de medicamentos. Según publicó el exclusiva OKDIARIO, el tribunal había imputado a una decena de personas que habían tenido cargos de responsabilidad en Trébol, entre los que se encontraban miembros de la familia Granda. El magistrado rechaza las acusaciones lanzadas por una profesional que logró una farmacia gracias a la mediación de Trébol, que gestiona 24 establecimientos en la Comunidad de Madrid y en Castilla La Mancha.

La denunciante acusó a esta cadena de pedir medicamentos a nombre de una farmacia asociada para, tras llevarlos al almacén, repartirlos en el resto de establecimientos, a pesar de no tener licencia de distribuidor. Por otra parte, la farmacéutica también aseguraba a los administradores de Trébol de falsificar su firma para disponer de fondos de la cuenta de la farmacia y para presentar documentación ante las autoridades sanitarias y la administración tributaria, entre otras acusaciones.

El juzgado número 6 de Madrid consideró en un principio que existían indicios suficientes para imputar a los administradores de Trébol, pero tras una exhaustiva investigación el magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro ha acordado el sobreseimento y el archivo del caso por no quedar debidamente fundada la existencia de delito alguno.

“El resultado de la investigación permite constatar la inexistencia del más mínimo indicio de hecho delictivo, ni de delito de falsedad documental, ni de delito de tráfico de medicamentos, ni de delito de doble contabilidad, ni de delito contra la hacienda pública, ni de delito contra la Seguridad Social, ni de ninguna otra figura delictiva de las existentes en el Código Penal Vigente”, señala en su auto el magistrado, al que ha tenido acceso OKDIARIO.

El auto despeja cualquier duda sobre la actuación de Trébol y señala que el caso se circunscribe a una disputa civil en torno a la titularidad de una farmacia concreta. El juez considera que el letrado que ejerce la acusación ha “mantenido artificialmente abierta la vía penal” para evitar que la cuestión se dirima en el terreno civil, empleando para ello “alegaciones y enunciados con una finalidad espúrea”.

“La acusación particular, lisa y llanamente no ha aportado el más mínimo indicio fundado de hecho delictivo y lo único que hace es realizar alegaciones de existencia de delitos, vulnerando así las más elementales reglas del derecho procesal en fase de investigación constitucionalizado. Se reitera que tras una prolongada instrucción de casi cuatro años la acusación particular no ha aportado el más mínimo indicio ni siquiera fuente de prueba que permitiese seguir manteniendo abierta la investigación”, indica el magistrado en el auto.

Los responsables de Trébol siempre defendieron su inocencia, argumentando que la denuncia estaba originada en una cuestión de “venganza personal” tras un conflicto respecto a la propiedad de la farmacia que regenta la denunciante. Fuentes de Trébol indicaron a OKDIARIO al principio de las pesquisas judiciales que existía “una persecución por medio del chantaje” de la supuesta afectada para “quedarse con una farmacia que no es 100% suya”, ya que la mitad del capital es de una ex directiva de Trebol, a la que ahora “no se le permite entrar en la farmacia”.

“La farmacéutica denunciante de los hechos, totalmente falsos, mantiene una batalla jurídica con la familia Granda, socios de Farmacias Trébol, por la propiedad de la oficina de farmacia situada en la C/ Alcalá, 98, de Madrid. Farmacias Trébol reitera contundentemente que todas las acusaciones son falsas y que estas son realizadas con la única intención de dilatar el proceso judicial en curso”, indicaban las fuentes de la compañía.

Consultado por OKDIARIO uno de los imputados José Luis Granda admitió que el procedimiento judicial estaba en marcha y que se habían llegado a producir registros policiales en los almacenes del grupo, llevándose documentación para determinar la veracidad de las acusaciones. Su abogado indicó a este diario que las actas de inspección son correctas y que no se había observado irregularidad alguna, lo que ahora ha sido confirmado por el magistrado.