La jubilación forzosa de Sánchez expulsará a 1,3 millones de personas del mercado laboral
La jubilación forzosa que anunció el pasado lunes el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, expulsaría a 1.289.000 personas del mercado laboral. Personas entre 60 y 70 años que gozan de un buen estado de salud y sobre todo, quieren continuar desempeñando su carrera profesional pasarían a cobrar de su prestación de jubilación. Ahora bien, el impacto de esta medida sobre las cuentas deficitarias de la Seguridad Social cuyo Fondo de Reserva, la conocida como ‘hucha de las pensiones’, solo cuenta con unos 5.000 millones de euros.
Lo cierto es que el ambicioso “plan de reformas” para el mercado laboral que esgrimió Sánchez fue vago y carecía de matices. No obstante, además de recuperar la jubilación forzosa por edades, el presidente del Gobierno habló sobre simplificar en tres los tipos de contratos- uno indefinido, uno temporal y otro de formación o relevo- y reducir el número de bonificaciones y deducciones a la contratación, «dejando sólo aquellas que afectan a los colectivos más vulnerables y necesitados”.
Fue en el año 2013 cuando el Partido Popular aprobó una reforma de las pensiones que contemplaba elevar a 35 años el periodo mínimo de cotización para la jubilación anticipada voluntaria. Asimismo, para acogerse a la jubilación anticipada forzosa se estableció 33 años cotizados. Desde entonces, el número de empleados entre las edades de 60 a 64 y 65 a 69 ha aumentado. Mientras la esperanza de vida sigue creciendo y la natalidad se va estancando, Sánchez quiere recuperar esta medida.
¿Cuál es la principal paradoja? Con un volumen total de parados, que a finales de octubre alcanzó los 3.254.703 de desempleados, España duplica la tasa media la Unión Europea, sólo superada por Grecia. Según las previsiones que maneja el Ejecutivo, en 2019 España creará creación de 430.000 puestos de trabajo. En principio, la jubilación forzosa reduciría la tasa de paro, sin embargo, ese 1.289.000 personas pasarían a cobrar una prestación. Pero ¿hay capacidad para hacer frente a estos pagos sino aumenta la creación de empleo?
Es decir, hoy por hoy no hay capacidad para pagar las pensiones vía cotizaciones, e indexarlo al IPC tiene una sostenibilidad máxima de 10 años según el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado. En los últimos años, nuestro país se ha dedicado a endeudarse hasta casi triplicar su deuda pública y mientras el déficit de la Seguridad Social supera los 18.000 millones de euros.
“Las empresas deberían intentar incentivar que las personas continuaran trabajaron y no se acogieran a la pensión de manera anticipada” afirma Valentin Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas en declaraciones a OKDIARIO. «Lo que es evidente es que con más de tres millones de desempleos no te puedes olvidar de crear empleo nuevo. Es absolutamente imprescindible»asegura el director de relaciones laborales de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Jordi García Viña.
Por su parte los autónomos tampoco ven con buenos ojos el anuncio del líder del Ejecutivo. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) aseguran a este periódico que “estamos en contra de marcar al autónomo cuando debe dejar su actividad”. Por lo que, a falta de conocer la letra, la música de este plan de reformas para el mercado laboral no termina de resonar con el tejido empresarial y económico.
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