Izquierda Unida da marcha atrás y reconoce que la remunicipalización de escuelas afecta a la calidad del servicio

Tanto Izquierda unida como Podemos son dos partidos que defienden la nacionalización de los servicios para llevar a cabo una gestión exclusivamente pública de la educación, la sanidad, el agua, la energía o el sector financiero, entre otros. El objetivo es eliminar cualquier influencia del sector privado en los servicios para que los políticos puedan controlarlos directamente, pero hay escollos legales que no permiten llevar a cabo estas medidas.

Es el caso de la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo en Ciudad Rodrigo, donde gobierna un tripartito formado por PSOE, IU y Ciudadanos. El contrato del centro finaliza el próximo mes de julio e IU En Común llevaba en su programa la posibilidad de remunicipalizarlo, pero también se ponía la venda antes de la herida y avisaba de los obstáculos legislativos que impiden que el servicio pueda ser prestado con garantías de calidad.

El problema de fondo radica en que la ley no permite que un ayuntamiento contrate profesores con carácter fijo, lo que obligaría al centro a contar con profesionales temporales, tal como explica el el concejal de Educación de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito: «Estamos hablando de un servicio educativo que requiere necesariamente una continuidad de los profesionales que lo imparten. La remunicipalización en estas condiciones concretas supondría una importante reducción en la calidad del servicio». Además, el Ayuntamiento reconoce el buen servicio prestado

Izquierda Unida asume así que no es posible remunicipalizar la educación sin saltarse la ley y empeorar el servicio. Sin embargo, aun cuando la ley lo permitiese, no es un proceso deseable ni en términos económicos ni de calidad. A pesar de ello, los llamados ‘ayuntamientos del cambio’ están en plena cruzada contra la gestión privada de los recursos. En Barcelona, Ada Colau quiere remunicipalizar la gestión agua.

La alcaldesa de la Ciudad Condal pidió al presidente catalán, Carles Puigdemont, expropiar a Acciona Aigües ter Llobregat (ATLL) para no sacarla a concurso y evitar la gestión privada. Los mecanismos de colaboración público-privada garantizan la calidad y un precio asequible de este preciado bien, pero las marcas blancas de Podemos quieren nacionalizar su gestión y ponerla en manos de políticos.

Expertos consultados por OKDIARIO consideran que el agua en España tiene un precio muy por debajo de la media europea y creen que si se quiere cambiar el modelo concesional hay que justificar por qué. «Los populismos que se están poniendo de moda en España quieren tocar algo sagrado, escaso, que funciona perfectamente y que tiene un precio muy por debajo de la media europea como es el agua», lamenta el catedrático de Estructura Económica Ramón Tamames.

También el Ayuntamiento de Madrid defiende este tipo de políticas. El equipo de Manuela Carmena aboga por remunicipalizar servicios como el manejo del agua, la limpieza o las instalaciones deportivas. En el distrito de Usera ya se ha puesto en marcha en este último ámbito y, como consecuencia, 37 empleados del Club Natación Madrid Moscardó se quedarán sin trabajo y serán sustituidos por funcionarios públicos sin convocatoria de plazas.