La Inspección de Trabajo clama contra el abandono de Díaz: sólo hay un inspector por cada 470 empresas

La Inspección de Trabajo no aguanta más. La falta de personal y el incumplimiento de los acuerdos para el refuerzo de la plantilla están generando una situación insostenible en este departamento, lo que ha hecho que los sindicatos hayan convocado una nueva jornada de huelga el próximo 25 de enero. Y no es para menos: la situación a la que les ha abocado el abandono de Yolanda Díaz hace que haya un inspector de trabajo por cada 470 empresas.

En la actualidad, la plantilla está formada por unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas, mientras que hay 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Esto supone que por cada inspector hay 470 empresas, 6.670 afiliados y más de 3.300 pensionistas.

Una situación que deriva del incumplimiento por parte del Gobierno del acuerdo de julio de 2021, en el que se acordó adoptar medidas para paliar problemas diarios de la Inspección de Trabajo por la escasez de plantilla. En concreto, el Gobierno se comprometió a solucionar las graves carencias de personal, la falta de carrera profesional y de horizonte temporal que contribuye a que muchos inspectores de Trabajo abandonen el organismo y a dotar a la Inspección de los instrumentos propios para responder a la complejidad del mundo laboral.

Sin embargo, las carencias de personal y de medios continúan casi dos años después de la firma de este acuerdo, y se traducen en el aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, en la ausencia de reconocimiento de las funciones desarrolladas y la existencia de una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta.

Desde el CSIF, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, acusan a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de «desembarazarse» del problema, pasando «la patata caliente» al ministerio de Hacienda, al que apunta “como responsable en exclusiva”. El sindicato logró el pasado mes de abril -como parte del acuerdo de 2021- que la Administración General del Estado (AGE) se comprometiera a un primer refuerzo parcial de la plantilla de la Inspección de Trabajo y a mejorar sus condiciones laborales. En concreto, se acordó la puesta en marcha este año de un Plan Extraordinario para retribuir el rendimiento y la actividad de personal, con una dotación presupuestaria de 6 millones de euros, que se concretaría en una productividad adicional en la nómina de los trabajadores.

Además, el Estado se comprometió a establecer en las ofertas anuales de empleo público unas tasas de reposición suficientes para garantizar el reforzamiento del servicio. De manera adicional, se procedería a la asignación inmediata de 200 plazas para ser cubiertas con personal interino hasta que se procediera a la provisión legal de los puestos de trabajo vacantes. Sin embargo, la puesta en marcha de estas medidas de urgencia no ha evitado que la situación de la Inspección siga empeorando día a día, con una plantilla que continúa totalmente sobrepasada. El Ministerio de Trabajo y Economía Social tiene que dejar de lanzar mensajes triunfalistas y acometer soluciones estructurales o la Inspección de Trabajo colapsará en el importante papel que debe desempeñar.