El Impuesto de Patrimonio de PSOE y Podemos destruirá 181.000 empleos y un 4% los salarios

El Impuesto de Patrimonio que defienden PSOE y Podemos es una carga tributaria obsoleta y de dudosa eficacia recaudatoria que golpea a la capacidad de la economía española para crecer y generar empleo. Suprimir este tributo, que hoy está siendo gestionado por las comunidades autónomas, permitiría la creación de 181.000 puestos de trabajo y un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) del 5% en la próxima década, además de una subida salarial generalizada del 4%.

Así lo muestra un informe elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Unión de Contribuyentes que revela que este tributo, lejos de suponer una carga fiscal para “los ricos”, supone una “bofetada en la cara de la clase media”. Este impuesto golpea especialmente a las rentas medias “en forma de mayor desempleo, sueldos más bajos y la reducción de oferta de bienes y servicios”. Además, el estudio recuerda que “los contribuyentes con mayor capacidad económica tienen mayores posibilidades de trasladar su residencia a otros países”.

“En España tendemos a ignorar la fortísima carga impositiva que pesa sobre nosotros y a pensar que la alta tributación es cosa de otros países europeos. Sin embargo, los españoles estamos sometidos a un régimen fiscal asfixiante que se ceba especialmente con la clase media. Nuestro laberinto tributario ha logrado ocultar en parte la elevada imposición que sufrimos”, señala el secretario general de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina.

Aunque este tributo está en vía de extinción en todo el mundo, España es uno de los países que lo mantiene, llegando incluso a registrarse en Extremadura el Impuesto de Patrimonio más gravoso de todo el planeta. A igual valor patrimonial, la carga tributaria que soporta un contribuyente residente en Extremadura duplica a la que el fisco francés exige a sus ciudadanos. En conjunto, el Impuesto sobre el Patrimonio español es un 60% más gravoso que el Impuesto francés de Solidaridad sobre la Riqueza, que es el equivalente a este tributo en el país galo. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, con una bonificación del 100% de la cuota, es la única región donde el tributo no supone una carga para sus ciudadanos.

Desde la reforma de la financiación autonómica aprobada a finales de 2001, las comunidades autónomas pueden regular sin restricciones el mínimo exento, la tarifa del impuesto y las bonificaciones en la cuota. La otra región que ha apostado por estas bonificaciones, junto con Madrid, es La Rioja, con un 50%. El informe destaca que el resto de autonomías han elevado el tipo impositivo en los últimos años y destaca el caso de Aragón, Cataluña y Navarra, que son las comunidades “que más castigan a la clase media al reducir el mínimo exento” de tributación.

Por su parte, en Alemania este tributo es inconstitucional, y en el resto de países europeos (con la excepción de Francia y Noruega) ha ido desapareciendo. Su retirada se debe al efecto negativo sobre el ahorro y la inversión, así como a su ineficiencia fiscal, generada por los elevados costes de gestión y la baja capacidad recaudatoria. Los datos así lo avalan: en España el peso del impuesto en el PIB ha ido subiendo de forma gradual desde el 0,1% hasta el 0,21%, nivel máximo alcanzado justo al inicio de la crisis económica. En 2014, sin embargo, su recaudación volvió a bajar hasta el 0,1% del PIB. Noruega, con un tipo impositivo cuatro veces inferior al aplicado en España, es el país que más recauda en términos relativos.

Además, no se puede olvidar que se trata de un impuesto que grava dos veces el mismo activo, ya que los ciudadanos ya han pagado a través del Impuesto sobre la Renta o el de Sucesiones y Donaciones, lo que supone una doble imposición por el mismo bien. En cuanto a su teórico efecto de elemento de redistribución de la riqueza, el estudio indica que “reduce la desigualdad a costa de que todos sean más pobres (…) de hecho, los ingresos de las clases media tienen que caer un 7% para que los ‘ricos’ (el top 1%) lleguen a disminuir aproximadamente un 13%”.

En los programas electorales de PSOE y Podemos se plantea la necesidad de recuperar la competencia estatal en el Impuesto de Patrimonio para no permitir que ninguna comunidad autónoma pueda bonificar el 100%, como hace Madrid. El partido que dirige Pedro Sánchez promete un “mínimo común en todo el territorio nacional”, mientras que la formación de Pablo Iglesias va más allá y plantea disminuir el mínimo exento a 400.000 euros netos, revisando todas las deducciones y bonificaciones existentes. El PP no contempla medida alguna en este tributo y Ciudadanos quiere que tenga una función exclusivamente censal