Economía

Idealista señala a Colau por usar fondos públicos para acusarles de racismo: «Es una venganza»

Idealista ha acusado a Ada Colau de utilizar instituciones y fondos públicos para menoscabar la reputación del portal inmobiliario. El motivo: venganza por los ataques a la política inmobiliaria del Ayuntamiento de Barcelona, que ha logrado ya un fuerte encarecimiento de los alquileres y «una situación de emergencia», según explica a OKDIARIO Fernando Encinar, portavoz de Idealista.

El conflicto estalló por un anuncio publicado en Idealista en el que el propietario pedía inquilinos españoles, algo que para el consistorio de Ada Colau supone vulnerar la ley de vivienda de Cataluña, que sanciona la discriminación y permite una sanción de hasta 90.000 euros.

«Todo esto se mueve por parte del Ayuntamiento de Barcelona porque nosotros somos críticos con las políticas inmobiliarias de Colau, que han encarecido mucho el alquiler», señala Encinar, que muestra su más profundo rechazo y repulsa a «cualquier tipo de discriminación por cualquier motivo, especialmente los relacionados con nacionalidad, raza, religión, sexo, orientación sexual y/o político».

Sin embargo, desde Idealista se muestran claros en su más profundo rechazo al «uso de las instituciones públicas y procedimientos administrativos para el desprestigio sin fundamento legal de la reputación de una empresa privada».

El desconocimiento de Ada Colau a la hora de señalar a Idealista por este hecho es, además, flagrante, toda vez que Idealista es prestadora de un servicio de la sociedad de la información, y el régimen de responsabilidad que le aplica según la legislación vigente, jurisprudencia nacional y europea (reciente sentencia de Airbnb en el asunto C-390/18, por ejemplo) establece con carácter general que no son responsables de la información que publican los anunciantes a su petición, salvo que tengan conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido.

El anuncio que presuntamente ha dado base a la apertura del expediente, que Idealista ha conocido exclusivamente tras ser difundido en los medios de comunicación, fue publicado por una agencia inmobiliaria, estuvo activo en torno a una semana y no fue denunciado como discriminatorio por ninguno de los aproximadamente 600 usuarios que lo vieron; es decir, ninguna de esos cientos de personas activaron el proceso de revisión manual del contenido por considerarlo inapropiado. Tampoco ningún organismo, ni siquiera el Ayuntamiento de Barcelona, comunicó la ilicitud del anuncio ni solicitó su retirada antes de proceder a un expediente sancionador y filtrar su contenido a los medios de comunicación.