Los vigilantes de las auditoras no se integrarán en la CNMV esta legislatura

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) no se integrará en la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV), al menos durante la presente legislatura, debido al bloqueo que ha sufrido la reforma normativa impulsada por Ciudadanos para separar en dos entidades la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y que iba a permitir también que el ICAC dejara de depender del Ministerio de Economía.

El Gobierno comenzó hace más de un año a negociar con PSOE y Ciudadanos el contenido de una normativa que iba a revolucionar el mundo de los organismos reguladores. El objetivo era aprovechar la citada reforma de la CNMC para acordar la integración del ICAC en la estructura de la CNMV para que fuera más independiente, además de sacar del paraguas gubernamental a la Dirección General de Seguros, que supervisa a las compañías del sector.

El ICAC es el organismo que se encarga de fiscalizar las labores de auditoría en España y periódicamente aparece en los medios de comunicación por sus sanciones a las grandes firmas de servicios profesionales (las Big Four) que se reparten el mercado de auditoría en España. La última multa la ha recibido PwC por faltar a su deber de independencia al realizar trabajos para Aena, cuando la compañía aeroportuaria llevaba a cabo los trabajos previos a su salida a Bolsa que se produjo en febrero de 2015.

Tanto en el ámbito interno del ICAC (los trabajadores) como en el externo (empresas y opinión pública) siempre se ha considerado que este organismo es en realidad una extensión más del Ministerio de Economía, aunque desde el departamento que dirige Guindos siempre se haya defendido su independencia.

Por eso se puso sobre la mesa que el ICAC pasara a integrarse en la CNMV, lo que habría supuesto que el organismo que supervisa los mercados de capitales en España pasaría a tener plenas competencias en la vigilancia de la correcta labor de las auditoras para proteger a los inversores (sobre todo a los minoristas) y garantizar el cumplimiento de las leyes y la transparencia de las actividades de las firmas de servicios profesionales.

En la actualidad la CNMV ya realiza funciones de supervisión en lo referente a la calidad de la información de las auditorías de las empresas que cotizan en Bolsa y de aquellas que, aunque no estén en el parqué, tienen un gran tamaño o una gran presencia que las hacen objeto de especial seguimiento. Esta labor la hace el departamento de Informes Financieros y Corporativos que depende de la Dirección General de Mercados de la CNMV.

Y es en este departamento en el que iban a integrarse los auditores del ICAC, una operación que no iba a estar exenta de problemas debido a las duplicidades y adaptación de las condiciones laborales. Fuentes internas de la CNMV han indicado a este diario que, desde que se comenzó a plantear la incorporación del ICAC se constataron «dificultades de encaje laboral» que, por sí mismas, dificultarían la integración.

No obstante, la presencia de Ana María Martínez-Pina en la vicepresidencia de la CNMV era un elemento que se pensaba que iba a facilitar la integración, dado que antes de ocupar este cargo fue la máxima responsable del ICAC.

Finalmente, no ha sido necesario solucionar los conflictos laborales, ya que la falta de acuerdo político ha encallado la modificación de la estructura de la CNMC y, con ello, la búsqueda de una mayor independencia del ICAC.

Fuentes parlamentarias aseguran que el punto 13 del pacto entre PP y Ciudadanos que establecía esta reforma «está enterrado y bien enterrado» por la falta de interés del partido del Gobierno por llevarla a cabo y porque la crisis institucional catalana ha roto cualquier posibilidad de que el Ejecutivo pueda sacar adelante modificaciones legislativas.

Esto supone una oportunidad perdida también para la CNMV, que al ampliar sus competencias supervisoras asumiendo las del ICAC habría aumentado su autonomía, tanto a la hora de adoptar decisiones en materia de fiscalización como para determinar las condiciones de contratación y remuneración de sus empleados.